Dos años al exgerente de una residencia de Águilas por haberse apropiado de 356.000 euros

José Hernández Nieto. /Vicente Vicéns/ AGm
José Hernández Nieto. / Vicente Vicéns/ AGm

José Hernández Nieto cargó múltiples gastos personales a la cuenta del geriátrico San Francisco e hizo pagos irregulares a sus propias empresas

Ricardo Fernández
RICARDO FERNÁNDEZ

Dos años de cárcel, otros tantos de inhabilitación y el pago de una indemnización de 356.672 euros son las penas que la Audiencia Provincial ha impuesto a José Hernández Nieto, ex secretario general del PP en Águilas y antiguo gerente del centro geriátrico San Francisco, por haberse apoderado ilegalmente de más de 350.000 euros de los fondos de esa institución. El tribunal establece, además, que debe ser investigado por un presunto delito de falsedad documental y/o estafa procesal, ante la sospecha de que habría presentado en el juicio algunos papeles manipulados para tratar de exculparse.

La sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, a la que ha tenido acceso 'La Verdad', establece que, entre los años 2009 y 2012 y siendo director-gerente de la denominada Asociación Residencia Geriátrica San Francisco de Águilas, incurrió en diversas actuaciones ilícitas, «en propia y exclusiva utilidad y beneficio», como la de cargar a la tarjeta de crédito de esa institución una gran cantidad de gastos personales, hasta llegar a sumar 81.600 euros.

Igualmente, cargó a las cuentas del geriátrico las primas del seguro de su vehículo particular y de su plan de pensiones, provocando un perjuicio económico a la institución de casi 10.300 euros. Hernández Nieto también retiró dinero directamente de la caja, por valor de 35.000 euros.

Ahora será investigado por la presentación en el juicio de documentos presuntamente falsificados

Su actividad delictiva se extendió a la realización de pagos desde el geriátrico a algunas sociedades de su propiedad o con las que estaba asociado, como MH Sistemas Hospitalarios, Innovaciones Hospitalarias y Centro de Naturaleza El Portajo, por una cuantía total de 230.000 euros.

Todos estos hechos los cometió aprovechándose de su posición de directivo y de que el tesorero de la institución se encontraba gravemente enfermo y el presidente tenía su salud física y cognitiva muy deteriorada.

El tribunal afirma que los hechos son constitutivos de un delito continuado de apropiación indebida, aunque contempla la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, por lo que le rebaja la pena hasta los dos años de prisión. A la vez, lo absuelve de falsedad documental y de administración desleal.

Ahora, deberá enfrentarse a una nueva investigación judicial por la presentación en el juicio de documentos mercantiles supuestamente manipulados.