El sector agrario exige más rapidez para aplicar medidas y mayor concreción

A diferencia de la anterior visita de agosto, esta vez la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, sí tuvo un hueco en su agenda para los representantes de las organizaciones agrarias de la Región. Estos, por lo expresado al terminar el encuentro con la vicepresidenta tercera, tuvieron ocasión de acercar posturas con el Ministerio.

Santiago Martínez, presidente de Fecoam, destacó que «la ministra ha dicho de forma reiterada que tienen que ponerse de acuerdo las tres administraciones», algo con lo que las cooperativas coinciden «porque si no, no hay forma de arreglar esto».

Martínez preguntó si para habilitar ese Cinturón Verde en la franja de 1.500 metros más cercana a la laguna salada habrá indemnizaciones a aquellos agricultores que se vean obligados a dejar de cultivar. «No me ha respondido, así que se lo plantearemos por escrito», afirmó. «Estamos hablando de personas que tienen familias y deudas con las entidades financieras. Lo justo es que se les compense económicamente si se les obliga a dejar de cultivar».

La ministra, al ser preguntada sobre esta cuestión en su posterior comparecencia tras la reunión con el presidente regional, Fernando López Miras, señaló que se valorarán posibles «medidas de acompañamiento» para la transformación de los terrenos afectados por el Cinturón Verde, sin entrarar en más detalles.

Por su parte, Marcos Alarcón, de UPA, señaló que su organización realizará aportaciones al plan del Ministerio en la fase de exposición pública. Manifestó su compromiso con la recuperación del Mar Menor, a su juicio compatible con la supervivencia «de un tipo de agricultura familiar legal y sostenible», pero le exigió también «compromiso y cooperación con los sectores afectados».

UPA achacó al plan presentado por Ribera «falta de concreción e, incluso, de enumeración de medidas para actuar directamente sobre un acuífero que tiene un exceso de nutrientes» y que «toda la comunidad científica identifica como uno de los problemas para el Mar Menor».

Manuel Martínez, presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, celebró que se le invite a este foro. Valoró positivamente las actuaciones recogidas en el 'Marco de Actuaciones Prioritarias para el Mar Menor', aunque echa de menos mayor celeridad para acometerlas. «Construir una tubería para el bombeo de la rambla del Albujón o la mejora del saneamiento no pueden esperar hasta 2025», afirmó Martínez.

A la reunión también asistió el presidente de COAG, José Miguel Marín, junto con el representante de la organización en el Campo de Cartagena, Vicente Carrión.

Marín opinó que el documento presentado por la ministra «tiene cosas concretas y otras muy difusas», como el método para realizar la extracción de agua del acuífero. Y es que «si no impedimos la entrada de nutrientes al Mar Menor, ya podemos planificar las actuaciones que queremos, que no tendrán efecto». COAG propone que se dé utilidad para la extracción de agua en el acuífero a los pozos precintados por imperativo legal para luego emplear las técnicas para solidificar el residuo que desarrollan los investigadores de la Cátedra de Agricultura Sostenible de la UPCT. «La agricultura es la solución», insistió el responsable de COAG. Marín anunció a la ministra que plantearán alegaciones y lamentó que, tras el episodio de anoxia de este verano, se haya «criminalizado» al sector.

Por su parte, Pedro Luengo, de Ecologistas en Acción, aplaudió que se haga hincapié en las «soluciones basadas en la naturaleza», porque estas «tienen mayor eficacia que muchas obras públicas». Luengo valora que la ministra tienda puentes con la Comunidad y los agricultores.

El director de ANSE, Pedro García, celebró que se hayan «puesto sobre el papel» las distintas iniciativas del Gobierno estatal, y considera muy importante el compromiso de que se declare de interés general. «Lo que sería interesante es que el Gobierno regional hiciera algo parecido con sus acciones complementarias», apuntó.

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