Las agresiones a policías en la Región llegan a 138 y rebasan con creces las cifras de 2022
El SUP alerta de una «escalada desmedida, nunca vista antes», y exige endurecer las penas a los atacantes. Advierte de que se está creando una sensación falsa de impunidad y un efecto llamada a través de redes sociales
Hasta 138 ataques a policías nacionales se han registrado en la Región en lo que va de año, según los datos que maneja el ... Sindicato Unificado de Policía (SUP). La cifra de casos –agresiones a agentes de la autoridad, desobediencia o resistencias graves–, que ha dejado tras de sí 46 detenciones entre enero y finales de agosto, supera ya, a estas alturas del año, los 95 contabilizados a lo largo de todo 2022 –con 75 arrestados– y los 118 casos que se dieron en 2021. Con estos números en la mano, el sindicato llama a la movilización de agentes en toda España ante una «desmedida escalada de agresiones y desobediencia nunca antes vista» y reclama un endurecimiento de las penas.
«Creemos que la gente está cada vez más irascible», explica Adrián Rodríguez, secretario general de SUP en la Región, que relaciona estas agresiones con los ataques crecientes que también se vienen registrando a otros colectivos, como los sanitarios, los docentes... «Tampoco ayuda que las sanciones que se imponen no sean muy contundentes», subraya. El secretario regional del SUP explica que la ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como 'ley mordaza', contempla los ataques a agentes como infracciones graves que pueden alcanzar multas de hasta 30.000 euros. «Las denuncias, sin embargo, no llegan a tramitarse por la Delegación del Gobierno o se hace en su tramo inferior», remarca. Algo similar ocurre cuando se trata de un delito y los acusados tienen que vérselas con el Código Penal. Las penas aplicadas, subraya, suelen ser mínimas.
Esta situación, advierten desde el colectivo, está generando una «falsa sensación de impunidad» que se une al «efecto llamada para agredir a los policías» que comienza a ganar peso a través de las redes sociales. «Creemos que es necesario endurecer las penas para que la gente asuma un castigo en proporción a la agresión que sufrimos», incide Rodríguez.
Advierten de que se está creando una «falsa sensación de impunidad» y un «efecto llamada» a través de redes sociales
El SUP llama la atención, además, sobre la falta de medios para hacer frente a este tipo de ataques y alude concretamente al reparto de pistolas eléctricas (táser) que ya se utilizan en otros cuerpos. «Hubo una chapuza en la compra y distribución», recalcan. Explican que en ocasiones los profesionales cuentan con esas armas pero no hay cargadores para la batería y en otros no vienen dotadas de las necesarias cámaras de las que deben ir acompañadas.
El sindicato denuncia que hay un único instructor en la Región para formar a 1.600 agentes en el uso de estas pistolas. «Hay medios escasos que no se pueden llegar a utilizar», incide Rodríguez. «Es el caldo de cultivo perfecto para que las agresiones continúen. No podemos repelerlas de manera adecuada y no se castigan».
El SUP, a nivel nacional, asegura haber planteado reiteradamente este asunto al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y en julio recurrió a la titular de Justicia, Pilar Llop, que recientemente les dirigió a Interior. «Creemos que ha llegado el momento de movilizar a todos los policías del Estado frente a esta lacra de desobediencia y agresiones que se extiende como la pólvora por todo nuestro territorio y que terminará causando alguna desgracia», subrayan.
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