La Agencia Tributaria pide investigar a la arquitecta municipal de Cartagena

El 'caso Novo Carthago', que desde hace casi una década investiga una supuesta trama de corrupción en torno a la recalificación de unos terrenos junto al Mar Menor, llevaba largos meses pendiente de un informe de la Agencia Tributaria sobre el patrimonio de un grupo de antiguos altos cargos relacionados con esa operación urbanística. La magistrada que coordina esas diligencias, Míriam Marín, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia, no quería dar por cerrada la investigación antes de averiguar si alguien podía haberse enriquecido a resultas de la tramitación de ese cambio de uso del suelo.

Recientemente, el jefe del Equipo Regional de Inspección de la Agencia Tributaria ha remitido a la juez los que, en apariencia, son los últimos diez informes que faltaban por emitirse sobre otros tantos funcionarios públicos. La mayor parte de ellos han resultado infructuosos, en el sentido de que no se ha descubierto que hayan tenido ingreso alguno procedente de Hansa Urbana -la sociedad que impulsaba la urbanización Novo Carthago-, o que no esté debidamente acreditado.

La situación es diferente en el caso de la jefa de Planeamiento del Ayuntamiento de Cartagena, Mónica Lavia, pues la Agencia Tributaria considera que sería necesario ampliar la investigación respecto de dos datos concretos que han despertado sospechas en los investigadores.

Uno de ellos se refiere a la transmisión de una parcela, que era de propiedad municipal y que en 2007 acabó en manos de quien era su marido, el también arquitecto Martín Lejarraga. En concreto, según el informe de la Agencia Tributaria, el terreno pertenecía a la sociedad Casco Antiguo de Cartagena (de titularidad 100% municipal), y el 17 de abril de 2007 fue enajenada por 300.000 euros en favor de la mercantil Residencial Puerta Nueva, vinculada al exalcalde socialista José Antonio Alonso y amigo íntimo de la entonces alcaldesa Pilar Barreiro.

Ese mismo día 17 de abril, Residencial Puerta Nueva habría vendido la parcela al arquitecto Lejarraga, también por 300.000 euros, en una transacción que en apariencia no tiene sentido alguno desde un punto de vista mercantil, pues la empresa de Alonso nada obtenía con esa venta inmediata. De confirmarse los datos recabados por la inspección tributaria, en una sola jornada una finca municipal habría acabado en manos del entonces esposo de la jefa de Planeamiento, después de un fugaz paso por quien era el impulsor de uno de los proyectos urbanísticos de la ciudad que ha estado bajo sospecha desde el primer momento: José Antonio Alonso, imputado por el 'caso Púnica'.

Martín Lejarraga, con quien 'La Verdad' se puso ayer en contacto, admitió haber adquirido esa parcela, pero aseguró ser totalmente ignorante de que hubiera sido de titularidad pública ni de que Residencial Puerta Nueva la hubiera adquirido el mismo día en que se la vendió. Señaló que su único propósito era instalar allí un centro de exposiciones y que, después de que el Ayuntamiento le denegara varias veces la licencia, acabó vendiendo a su vez ese terreno por los mismos 300.000 euros que le costó, ya en el año 2015.

La Agencia Tributaria también quiere que la juez Marín autorice a investigar más a fondo un ingreso de 500.000 euros que se efectuó en una cuenta de Martín Lejarraga y de Mónica Lavia en septiembre de 2007. El concepto fue «transferencia a su favor, Ofitour SL», en referencia a una sociedad que gestiona el hotel Cavanna de La Manga.

Aunque los investigadores especulan con que ese ingreso podría estar relacionado con un proyecto de remodelación que realizó Lejarraga para el establecimiento hotelero, finalmente parecen descartarlo, ya que ni Ofitour ni el propio arquitecto declararon tal pago en ese ejercicio ni en otros posteriores.

Se da la circunstancia de que la firma gestora del Cavanna sí declaró en 2006 haber abonado 16.260 euros a Lejarraga por ese proyecto, y otros 59.820 euros en 2007. Pero no existe referencia fiscal ni contable alguna, según la Agencia Tributaria, sobre otro pago de medio millón de euros, vinculado además a un estudio urbanístico que ni siquiera llegó a ejecutarse.

El arquitecto sostuvo anoche que ese pago se corresponde con el proyecto de remodelación del Cavanna y que su exmujer es totalmente ajena al mismo.

La Agencia Tributaria cree necesario seguir indagando en ese ingreso y en la transmisión de la parcela.