Afronta seis años de cárcel acusado de simular el alquiler de su casa para no cederla a sus hijos y su ex en Murcia
La Audiencia juzga a un vecino de Murcia que presuntamente firmó un contrato «de forma simulada» con una amiga, también procesada
La Audiencia Provincial tiene previsto sentar este viernes en el banquillo a un vecino de Murcia acusado de simular el arrendamiento con opción a compra de su vivienda para evitar su atribución a sus hijos y su exmujer. La Fiscalía reclama para E. J. R. hasta seis años de cárcel por un presunto delito de estafa procesal. El Ministerio Público solicita, asimismo, que se le imponga otro medio año de prisión por un supuesto delito de abandono de familia al no abonar la pensión alimenticia a la que estaba obligado.
Según recoge la Fiscalía en su escrito de conclusiones provisionales, el procesado tiene dos hijos fruto de una relación con la querellante. Tras la ruptura, un juzgado fijó en junio de 2017 como medidas provisionales una pensión de 800 euros para cada vástago. El Ministerio Público sostiene, no obstante, que el investigado no ha abonado la pensión fijada pese a tener supuestamente capacidad económica para ello.
El magistrado también acordó la atribución de la vivienda, propiedad de E. J.R., para los hijos menores de la pareja y la mujer, que ostentaba la custodia. Según explica el fiscal, sin embargo, cuando en septiembre de 2017 se requirió al investigado para que entregara la vivienda a sus hijos y su exmujer éste presentó un escrito en el que explicaba que le era imposible cumplir esa orden porque había otorgado un contrato de arrendamiento con opción a compra sobre el domicilio.
Desobedecer la orden judicial
El Ministerio Público sostiene, no obstante, que ese contrato fue otorgado por el procesado de común acuerdo con otra investigada, A. B., «de forma simulada» y con ánimo de perjudicar a su exmujer y sus hijos y de desobedecer la orden judicial. El acusado, insiste el fiscal, logró así que el juzgado dejase sin efecto la obligación de entregar la casa.
La Fiscalía considera que estos hechos constituyen una presunta estafa y solicita seis años de prisión tanto para E. J.R. como para A.B.
