Más de 600 afectados de iDental podrán recuperar su historia clínica a partir de hoy

Una vez citados los solicitantes, se les hará entrega de una copia de su historia clínica, ya que el original debe quedar consignado en la Consejería, en previsión de posibles requerimientos de los juzgados. Hay que recordar que los interesados deben realizar esta solicitud ante el Servicio de Atención al Ciudadano de la Consejería, o por vía telemática, y que este procedimiento es totalmente gratuito. Desde el pasado 13 de julio, la Dirección General de Planificación, Investigación, Farmacia y Atención al Ciudadano custodia estos documentos, tras obtener autorización judicial para acceder a las instalaciones de iDental en la pedanía murciana de Cobatillas, donde se ubicaba la única delegación de la empresa en la Región. La Consejería está clasificando el material recuperado y, una vez clasificados y revisados los historiales, se contactará, a partir de esta semana, con los afectados que los han solicitado para su entrega.

Murcia y Castilla y León son las únicas comunidades que tienen custodiadas las historias clínicas de los pacientes de esta clínica, tras haber solicitado ambas permiso a los juzgados para evitar su extravío. En un comunicado, la Consejería de Salud destacó ayer que la administración regional «sigue trabajando en coordinación con el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y demás comunidades para adoptar las medidas necesarias y defender los derechos de los clientes».

La asociación de afectados por iDental (Adafi) calcula que el número de afectados por el cierre de los 24 centros de iDental asciende, en toda España, a unas cien mil personas. En la Región, unas 2.000 personas se han quedado con sus tratamientos a medio en la clínica de la cadena 'low-cost' en Cobatillas, según Adafi.

El Consejo General de Colegios de Dentistas de España, que preside el murciano Óscar Castro, se ha personado como acusación popular en la causa abierta contra iDental en la Audiencia Nacional. El juez José de la Mata ha asumido la investigación ante el volumen extraordinario de la causa, con decenas de miles de afectados. El Consejo General recuerda que se investiga posibles «delitos de administración fraudulenta, estafa, apropiación indebida, falsedad documental, lesiones y contra la salud pública».