La ex secretaria general de la CHS, Paloma Moriano, a la derecha, junto al también investigado Manuel Aldeguer, antiguo comisario de Aguas, en una imagen de archivo de unas jornadas técnicas. G. CARRIÓN / AGM

Acusan a la ex secretaria general de la CHS de facilitar contratos a su hijo y una amiga

La antigua alta funcionaria habría influido para que empresas beneficiarias de adjudicaciones de la Confederación encargaran trabajos a su vástago

Martes, 8 de septiembre 2020, 03:04

María Paloma Moriano, quien ejerció como secretaria general de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) entre los años 2004 y 2010, habría facilitado a ... uno de sus hijos la obtención de contratos vinculados al organismo de cuenca, como también a una amiga íntima. Así se recoge en los informes elaborados por el Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional aportados al titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Murcia, José Fernández Ayuso, que con la llamada 'Operación Nero' investiga un presunto fraude de unos seis millones de euros con una supuesta trama de adjudicación ilegal de contratos de obras menores. La inmensa mayoría de esas adjudicaciones sospechosas de amaño fueron copadas, a lo largo de una década, por firmas vinculadas a un alto funcionario de la CHS, Manuel Bravo, quien presuntamente manejaba el entramado empresarial a través de varios de sus hijos, su esposa y otros familiares.

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Esta supuesta red delictiva fue desmantelada el pasado julio, cuando agentes de la Jefatura Superior de Policía realizaron una veintena de detenciones e imputaciones a sospechosos, entre los que además de Moriano figuran el ex secretario general José María Bernabé, el ex director técnico Joaquín Ezcurra, el ex comisario de Aguas Manuel Aldeguer y el exjefe del Servicio de Apoyo a la Presidencia, José Cascales.

Irregularidades 'colaterales'

Las diligencias sobre esta presunta red de corrupción, a las que LA VERDAD ha tenido acceso, se centran básicamente en desenredar la madeja de las supuestas adjudicaciones ilegales de cientos de contratos menores. Sin embargo, a la vez analizan otras presuntas irregularidades 'colaterales' que habrían surgido en el transcurso de la investigación. Entre ellas destaca el hecho de que la entonces secretaria general de la CHS, María Paloma Mariano, habría facilitado a uno de sus hijos, J. A. C. M., la obtención de contratos del organismo de cuenca, en todos los casos a través de otras empresas. En concreto, la Policía ha investigado las contrataciones que su hijo obtuvo de la firma Frahesa Obras y Servicios, señalada en la causa por su relación con las supuestas adjudicaciones ilegales de la CHS. El vástago de Paloma Moriano, interrogado por los agentes, admitió haber trabajado para esa empresa, elaborando material videográfico, y anteriormente con otras compañías del mismo modo relacionadas con la Confederación Hidrográfica del Segura. «Antes de mi relación con Frahesa realicé una serie de vídeos para la CHS. Fue a través de mi madre, que trabajaba también en la Confederación. La CHS no llegó a pagarme nunca; era la Confederación la que contrataba a una empresa y esa empresa me pagaba a mí», declaró textualmente, según se recoge en los atestados policiales entregados al juez. El joven incluso reconoció que se acercaba hasta la sede del organismo de cuenca cuando tenía que firmar los contratos, o para recibir el finiquito, lo cual se materializaba a través del presunto líder de la trama empresarial y empleado público Manuel Bravo.

El joven investigado tenía acciones de la firma Indexamur, que percibió 400.000 euros de la CHS por prestación de servicios

«Trabajos como artista»

De la misma forma, otros funcionarios de la CHS dijeron tener conocimiento de estas contrataciones presuntamente irregulares, como queda demostrado por sus declaraciones como testigos en estas diligencias. Así, uno de ellos dijo ser consciente de que ese hijo de Paloma Moriano había sido «contratado como artista por la CHS, tanto para hacer algunas esculturas como trabajos de vídeo». Mientras, otra funcionaria admitió que «he oído que se le había hecho un contrato menor al hijo por un tema relacionado con algún trabajo audiovisual».

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Ese supuesto caso de nepotismo por parte de Paloma Moriano se habría extendido igualmente a una amiga íntima suya, R. G .G., administradora de la empresa Indexamur SL, a la que supuestamente favoreció en la adjudicación de contratos. Los agentes de la UDEF han constatado que esa firma percibió más de 400.000 euros a través de siete contratos menores, tres negociados sin publicidad y dos abiertos, que Indexamur SL se adjudicó mientras la propia R. G. G. trabajaba en la sede de la CHS, en una mesa contigua a la de Paloma Moriano.

Uno de los empleados del organismo de cuenca declaró textualmente a la Policía que «(Paloma Moriano) favoreció a R. G. G. contratando a una empresa para la realización de una asistencia técnica para llevar fondos Feder, indicando a esa empresa que la que tenía que hacer el trabajo era R. G. G.». Igualmente dejó constancia de que «después hubo una oferta de funcionarios temporales, que tras un examen fueron contratados, y entró a trabajar R. G. G. directamente para la CHS».

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Especialmente llamativa es la circunstancia de que el citado hijo de Paloma Moriano llegó a tener participaciones en la empresa Indexamur SL, durante el tiempo en que esta sociedad recibió varias adjudicaciones. Los investigadores interpretan que «la explicación más lógica es que esta (la entrega de acciones) fuera la forma que tenía R. G. G. de devolver el favor por las adjudicaciones de las que se había visto beneficiada gracias a Paloma (Moriano)».

En estas diligencias se investigan supuestos delitos de prevaricación, malversación de caudales, negociaciones prohibidas a funcionarios y tráfico de influencias.

Los abogados de Bernabé pedirán el archivo de los cargos

El letrado Francisco Valdés Albistur, quien junto a su hijo Francisco Luis Valdés-Albistur Hellín coordina la defensa del ex secretario general de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) José María Bernabé, afirmó ayer a este periódico que tiene previsto solicitar el sobreseimiento de los cargos que se atribuyen a su cliente. El abogado señaló que, una vez analizados los atestados elaborados por los investigadores del Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, «resulta evidente, a mi modo de entender, que no hay la menor base para mantener la imputación contra José María Bernabé, a quien lo único que se atribuye es haber propuesto en un par de ocasiones la contratación de unas determinadas empresas, sin que exista nada que apunte a que conocía quién estaba detrás de ellas o que pudo existir el más mínimo trato de favor». Francisco Valdés consideró que es necesario aguardar a que Bernabé comparezca ante el instructor de esta causa, el magistrado Fernández Ayuso, como ya lo hizo en julio ante la Policía, y que seguidamente procederá a presentar un escrito para reclamar el inmediato archivo del procedimiento respecto de este exdirigente de la CHS.

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