La Ley de Aceleración Empresarial incluiría una «pseudoamnistía urbanística»

Panorámica del Polígono Industrial Oeste (Murcia y Alcantarilla). La Ley de Aceleración Empresarial prevé mejoras para impulsar la actividad económica en estas superficies. /VICENTE VICËNS / AGM
Panorámica del Polígono Industrial Oeste (Murcia y Alcantarilla). La Ley de Aceleración Empresarial prevé mejoras para impulsar la actividad económica en estas superficies. / VICENTE VICËNS / AGM

Las letradas de la Asamblea cuestionan en un informe la futura normativa, que consideran un 'traje a medida' para regularizar actividades y construcciones ilegales

Miguel Ángel Ruiz
MIGUEL ÁNGEL RUIZ

Si ya era duro el informe preliminar de los Servicios Jurídicos de la Asamblea Regional sobre la proposición de Ley de Aceleración Empresarial, el análisis definitivo traza un retrato aún peor de la norma presentada por el Ejecutivo autónomo como fórmula imprescindible para reactivar la economía y crear empleo «con las máximas garantías medioambientales». Por el contrario, las letradas del Parlamento la consideran un 'traje a medida' para regularizar actividades y construcciones ilegales, hasta el punto de calificar algunas de sus medidas como una «pseudoamnistía urbanística».

El documento que firman las letradas Encarna Fernández de Simón -a su vez secretaria general- e Irene Bas Barrera es especialmente crítico con la Disposición Adicional Primera, sobre regularización de actividades. Un apartado de la ley -promovida por Partido Popular, Ciudadanos y Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (Croem)- en el que se plantea que pueda modificarse el planeamiento urbanístico para adecuarlo a usos o edificaciones en situación irregular, «a fin de transformarlos en compatibles con el mismo». Para este fin, la futura ley -que comenzará a debatirse el próximo jueves 20- crea una nueva figura: la licencia provisional de actividad.

Una herramienta, se avisa, que debe ser una excepción, lo que obliga a seguir un «criterio restrictivo a fin de no convertir lo que es y debe ser excepcional en la regla general».

El gabinete jurídico de la Asamblea plantea importantes reparos a este 'perdón de los pecados' que pretende el Gobierno regional, a petición de la patronal. En primer lugar, advierte de que ya hay leyes vigentes -la 4/2009 y la 13/2015- para que las empresas se sometan a regularizaciones urbanísticas y ambientales o a autorizaciones excepcionales por interés público.

El Supremo dice 'no'

El informe recuerda también que, según la «doctrina jurisprudencial mayoritaria», la obligación de restituir la legalidad urbanística no caduca en los casos de «carácter continuado de los usos clandestinos», y que en cualquier caso el Tribunal Supremo se ha manifestado contrario a estas regularizaciones.

También se cuestiona la aplicación de rebajas en las sanciones impuestas a actividades sin licencia antes incluso de que los ayuntamientos se hayan pronunciado acerca de la regularización, «y desconociendo por tanto cuál será el sentido de la resolución que se dicte».

¿Quién se beneficiaría de este indulto urbanístico? La Comunidad Autónoma asegura que hay más de 20.000 empresas en situación de «alegalidad» que necesitan normalizarse para continuar con su actividad. Otras fuentes de la Administración y del sector económico consultadas por 'La Verdad' aseguran sin embargo que esa cifra es irreal y que el objetivo es regularizar a medianas y grandes industrias, algunas de ellas referentes en su sector y que incluso podrían haber sido ya sancionadas, por estar implantadas en suelos no urbanizables o urbanizables sin plan parcial.

Otra de las propuestas de la futura ley objetadas por el equipo legal de la Asamblea Regional es la concesión de mayor edificabilidad para hoteles que se modernicen, incluso para los que se encuentren fuera de ordenación o incumplan la normativa precisamente por superar el volumen de construcción permitido.

El equipo legal de la Asamblea se ha dado prisa en analizar una proposición de ley que considera de «alcance y complejidad», después de unas notas preliminares de la letrada jefa que fueron calificadas como «apreciaciones jurídicas genéricas, inconcretas y discutibles» por el consejero de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, Javier Celdrán. Si tras una primera lectura Encarna Fernández de Simón estimó que la ley invade competencias, genera inseguridad jurídica, es técnicamente «deficiente» y corre el peligro de ser anulada por el Tribunal Constitucional, ayer concretó algunas de sus «importantes deficiencias» e insistió en su «falta de claridad», que puede inducir a «confusión» tanto a los ciudadanos como a los funcionarios encargados de aplicarla.

«Lo vamos a estudiar, pero es irrenunciable»

El Gobierno regional escucha los reparos jurídicos de los letrados de la Asamblea Regional pero se mantiene firme en su hoja de ruta: «Vamos a estudiar con detalle el informe de los servicios jurídicos, y por supuesto tendremos en cuenta todas las recomendaciones para mejorar el texto. En cualquier caso, para nosotros esta ley es fundamental e irrenunciable, porque impulsará la transformación de nuestra administración para facilitar y acelerar la actividad empresarial y la generación de empleo», señala el consejero Javier Celdrán. En opinión del titular de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, se trata de «una ley para seguir simplificando, para seguir cribando la burocracia, para reducir trámites y tiempos con garantías jurídicas y protección ambiental.

Una ley avanzada para seguir poniendo a la Región en la cabeza de las más avanzadas y de mayor libertad económica», insiste. Celdrán recuerda que la proposición de ley «recoge las inquietudes del sector empresarial. Es el resultado de más de doce meses de trabajo con Croem», junto con sugerencias de empresas que se enfrentan desde hace años a un sistema burocrático y administrativo cada vez más complejo, que les genera inseguridad jurídica y que lleva a que inversiones que se podrían realizar en la Región acaben en otras comunidades».

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