El Supremo avala las penas por falsedad en La Zerrichera y exculpa por prevaricación

Antonio Alvarado, en una imagen de archivo, durante el juicio. /J. CARRIÓN / AGM
Antonio Alvarado, en una imagen de archivo, durante el juicio. / J. CARRIÓN / AGM

Encarna Muñoz sale absuelta, pero la Sala confirma las condenasde dos años de cárcela Alvarado y Gelabert

LA VERDAD

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha absuelto a dos ex directores generales de la Consejería de Industria y Medio Ambiente de Murcia, Encarna Muñoz y Antonio Alvarado, como también al exjefe del Servicio de Calidad Ambiental, Juan Ignacio Sánchez Gelabert, del delito de prevaricación por el que fueron condenados por la Audiencia Provincial de Murcia por su implicación en el 'caso Zerrichera'. A la vez, ha confirmado las condenas impuestas a Alvarado y a Sánchez Gelabert, de dos años de prisión a cada uno, por un delito de falsedad documental.

Con esta resolución se cierra la vía jurisdiccional sobre este asunto, en el que se investigó la presunta recalificación ilegal de la finca llamada La Zerrichera, ubicada en la Sierra de Almenara de Águilas, con el fin de posibilitar la construcción de una urbanización con campo de golf.

El Alto Tribunal estima con su resolución los recursos de casación interpuestos por Encarna Muñoz, y también de forma parcial los formulados por los otros dos recurrentes. Los tres fueron condenados en su día por la Audiencia Provincial que, por una parte, castigó con penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público a Encarna Muñoz (cinco años), a Antonio Alvarado (siete años) y a Juan Ignacio Sánchez Gelabert (seis años). Por otro lado, impuso dos años de prisión a estos dos últimos acusados por un delito de falsedad. La estimación de los recursos supone la anulación de las penas correspondientes al delito de prevaricación, pero se mantienen las fijadas por el otro delito, el de falsedad.

La Sala estima también el recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal, que solicitó extender la inhabilitación en el caso de Sánchez Gelabert no solo al cargo de jefe de servicio, como estableció la sentencia recurrida, sino también a la propia condición de funcionario. De esta forma, la sentencia le obligará ahora a abandonar su puesto en la Administración regional por un periodo de seis años.

«No es una resolución»

El tribunal admite el motivo alegado por los recurrentes sobre la indebida aplicación en este asunto del artículo 404 del Código Penal, que regula la prevaricación. Tras analizar los presupuestos de este delito, los magistrados concluyen que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que emitieron los recurrentes sobre la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Águilas, en el paraje de la Zerrichera, «no es una verdadera resolución» en el sentido que exige el artículo 404 del Código Penal. Por tanto, ante la imposibilidad legal de considerar que «han dictado y colaborado al dictado de una resolución» injusta, a sabiendas de que lo era, no queda otra opción que absolver por este delito.

De acuerdo con la jurisprudencia del TS, la sentencia explica que la DIA es «un informe, importante en materia ambiental, que podría calificarse como parcialmente determinante, en la medida en que el órgano sustantivo no puede separarse de lo que en ella se dice, en el caso de que proceda a autorizar el proyecto dentro de las competencias que le son atribuidas». Añade, sin embargo, que ese órgano no está vinculado por el contenido del dictamen, pues puede discrepar de la DIA y, en ese caso, la última voluntad es de la Administración. Y no solo en el aspecto sustantivo, sino también en el ambiental, por lo que solo corresponde a la autoridad que resulta competente dictar finalmente la resolución.

La Sala indica que los informes, especialmente cuando son preceptivos, son importantes para el sentido de la resolución. «Nada de extraño tienen que sean concluyentes respecto de la materia sobre la que versan, y es natural que resulten influyentes en el sentido de la resolución a la que preceden. Pero solo en el caso de que sean vinculantes, determinan realmente el contenido de la resolución. En los demás casos, la responsabilidad del sentido de la resolución corresponde a quien resulta competente para dictarla», subraya.

No eran datos ciertos

Respecto al delito de falsedad, los dos condenados sostenían en su recurso que no habían incluido en la DIA datos falsos ni habían omitido otros que eran ciertos y resultaban relevantes a los fines de esa declaración. La Sala, al contrario, concluye que la DIA contenía aspectos muy relevantes que no se correspondían con la verdad y, más concretamente, que «se está faltando a la verdad, pues no puede ser equiparado un informe favorable, como se reseña en la DIA, con una consideración que se limita a decir que el proyecto puede ser viable». Agrega que en la misma se hace constar «un informe favorable que es inexistente. No se discute la relevancia de la falta a la verdad, que, por otro lado, es clara».

Además, el TS destaca que en la sentencia recurrida se declara probado que en la DIA se afirma que consta informe de la Dirección General de Medio Natural de 3 de octubre de 2005 acerca de repercusiones del Proyecto sobre la Red Natura 2000, «ocultando que tal informe no aparece firmado por nadie, que es contrario al informe del 31 de agosto de 2004 y que aparece como de la misma procedencia que este, la Dirección General de Medio Ambiente, y omitiendo cualquier mención a la designación como ZEPA de la zona afectada».