Absuelven a uno de los mayores promotores de Alicante acusado de estafa por una firma jumillana
La Audiencia Provincial de Elche descarta que el consejero delegado del grupo TM se apropiase de dinero o realizase «engaño alguno»
LA VERDAD
Sábado, 15 de noviembre 2025, 14:01
La Audiencia Provincial de Alicante ha absuelto a dos altos directivos de una de las empresas inmobiliarias más importante de Alicante, TM Grupo Inmobiliario, que se sentaron en el banquillo ante las acusaciones de una empresa jumillana. Los magistrados de la Sección Séptima exculpan a la mercantil Torreviñas, filial del grupo; al consejero delegado del grupo, Pablo Serna y al subdirector general de la compañía, Manuel Fernández-Figares, para los que la Fiscalía llegó a reclamar tres años de prisión por presuntos delitos de estafa y apropiación indebida.
Los hechos enjuiciados se remontan al verano de 2016, cuando los dos encausados suscribieron un contrato con la empresa jumillana Luis Olivares SL, para realizar trabajos de albañilería en varias de las 264 viviendas que levantaban en Benidorm. La Fiscalía y la acusación particular sostenían que, tras realizar las obras, los acusados retuvieron un 5% de cada factura, montante que sería devuelto 12 meses después del fin de la obra, pero que transcurrido ese plazo no abonaron ese importe.
En la sentencia, a la que LA VERDAD ha tenido acceso, los magistrados sostienen que «no existe prueba de cargo suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia» de los dos directivos al no haberse acreditado «la existencia de engaño alguno en sus conductas, ni que se hubieran quedado suma alguna de dinero que les hubiera entregado la querellante y no lo hubieran reintegrado».
La sentencia determina que el origen del procedimiento fue una diferencia interpretativa en la ejecución de un contrato entre empresas y sostiene que todas las facturas por los trabajos realizados fueron abonadas íntegramente. Desde TM celebraron la sentencia absolutoria, que, sostuvo, «confirma que nuestra empresa siempre actuó siempre con transparencia, responsabilidad y conforme a la ley». Fuentes de la mercantil aseguraron que «desde el inicio sostuvimos que se trataba de una discrepancia mercantil sin relevancia penal, y así lo ha reconocido la Audiencia Provincial».
