El dictamen sobre la moción de censura provoca la salida del PP del Pacto Antitransfuguismo

La onda expansiva de la moción de censura en la Región continúa causando estragos por el resto del país tres meses después de su presentación. Y ahora ha alcanzado a uno de los escasos consensos políticos que quedaban en España: el Pacto Antitransfuguismo.

El PP ha decidido abandonar el Acuerdo por la Estabilidad Institucional al considerar que se utiliza «torticeramente» contra sus dirigentes tras el dictamen realizado por un comité de expertos que calificaba de tránsfugas al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, y los cuatro diputados de Ciudadanos que frustraron el intento de Diego Conesa y Ana Martínez Vidal de derribar al Gobierno popular.

La secretaria nacional de Política Local del PP, Raquel González Díez-Andino, envió una carta al ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, para comunicarle la salida del partido del Pacto, del que fue uno de los impulsores en 1998. «La instrumentalización política del acuerdo, su utilización partidista y la existencia de profundas lagunas jurídicas en su marco regulador (...) nos obligan a denunciar la falta de imparcialidad y la ausencia de neutralidad en el funcionamiento del mismo, que no podemos asumir ni aceptar por ser contrarias al espíritu fundacional alcanzado en 1998», señala la misiva. La dirigente popular concreta que el abandono del Pacto Antitransfuguismo por parte del PP se produjo el pasado 10 de abril, cuando expiró el plazo de 48 horas que se dio a Iceta para convocar la comisión de seguimiento del acuerdo. Al no acceder el ministro a esta petición «el PP dio por denunciado el Pacto, entendiendo que a partir de dicha fecha carecería de validez al no estar suscrito por una mayoría cualificada de representantes de las Cortes Generales».

Por tanto, el PP entiende que, al no formar ya parte del Pacto, quedaría sin efecto el dictamen de la comisión de expertos, cuyo ponente era un exdiputado de IU, que calificaba de tránsfugas tanto a López Miras como a Isabel Franco, Francisco Álvarez, Valle Miguélez y Alberto Castillo. «Se ha hecho un uso torticero de la comisión de expertos, ya que una vez que el Partido Popular no forma parte del Pacto desde abril de 2021, esta comisión no podía emitir informe o dictamen alguno sobre cargos electos del PP», dice el escrito firmado por Raquel González, que para volver al acuerdo exige que se despolitice esta comisión de expertos, designando a profesionales sin vinculación política para emitir los informes. También solicita que se aclare el marco jurídico.

La salida del PP ha sido criticada por el resto de partidos. La portavoz del Ejecutivo central, María Jesús Montero, calificó la decisión de «impropia del primer partido de la oposición» que, a su juicio, pone de manifiesto la «deriva irresponsable» de la formación de Pablo Casado. «Buscan excusas para poder seguir recurriendo a las malas artes en política a la hora de configurar los gobiernos», criticó Montero.

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, censuró que «el PP dinamita un consenso democrático para arrogarse patente de corso en su asalto a Cs». En términos similares se expresó el número tres del PSRM, Jordi Arce, que insistió en que la operación que frustró la moción de censura fue «el mayor caso de corrupción en la Región». Podemos, a través de su portavoz María Marín, acusa a los populares de «poner en riesgo la democracia con su actitud, y para José Ángel Antelo, de Vox, el PP demuestra que no cumple lo que firma.