Casi 45.000 murcianos podrían reclamar 65 millones tributados por sus hipotecas

Una clienta en su banco informándose sobre un préstamo hipotecario. /j. montes
Una clienta en su banco informándose sobre un préstamo hipotecario. / j. montes

El Supremo siembra la confusión al revisar el fallo que obliga a los bancos a abonar el impuesto | La Comunidad prevé una avalancha de devoluciones de los últimos 4 años si se confirma la sentencia

Manuel Buitrago
MANUEL BUITRAGO

El impacto que supondría para las arcas de la Comunidad Autónoma la devolución del impuestos sobre las hipotecas de viviendas (el gravamen de los Actos Jurídicos Documentados) se traduciría en un coste de 65 millones de euros si se confirma la sentencia que dictó el Tribunal Supremo el jueves y si se aplica su retroactividad a los últimos cuatro años. Los clientes de la Región de Murcia que formalizaron préstamos con la banca tendrían derecho a reclamar entre 1.260 y 1.560 euros por operación.

La controvertida sentencia del Tribunal Supremo puso en guardia a la Consejería de Hacienda, que empezó a calcular su respuesta en términos económicos, en previsión de las miles de reclamaciones que le pueden caer estos días por parte de los contribuyentes. Según la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, entre los años 2014 y 2017 se realizaron 44.922 operaciones de constitución de hipotecas, que se tradujeron en unos ingresos tributarios de 64.499.830 euros para las arcas de la Comunidad. En el cómputo final, y a grandes rasgos, habría que restar los nueve primeros meses de 2014 y sumar los de este año. Esta sería la cantidad susceptible de devolución, con intereses de demora que pueden llegar al 5%. La Consejería lo reclamaría acto seguido a los bancos.

La Administración regional grava los Actos Jurídicos Documentados (AJD) con un 1,5%, que es la ratio más alta por comunidades, que se mueve en un abanico del 0,5% y 1,5%. El consejero Fernando de la Cierva puntualiza que este tributo está bonificado actualmente al 0,15% para los jóvenes que compran vivienda. Indica, no obstante, que la mayor carga impositiva sobre la vivienda no es el AJD, que va siempre asociado a la hipoteca, sino el IVA y las transmisiones patrimoniales. El primero se carga sobre la vivienda nueva, y el segundo sobre la usada, y llega hasta el 8%.

Valoración de Gestha

De la Cierva comenta que la actividad hipotecaria ha sido baja en los últimos años, si bien se aprecia un repunte a partir de 2014. La primera medida de la Consejería ha sido solicitar un informe a la Dirección de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma para que estudie el alcance de la sentencia. No obstante, ha quedado todo en suspenso con la revisión del fallo.

José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), apuntó que se puede solicitar la devolución, más intereses, a la comunidad autónoma correspondiente, dado que fue la que recaudó el impuesto. Antes de que se paralizara la sentencia, Mollinedo recalcó que el artículo en cuestión quedaba anulado por el Supremo. Consideró inadmisible que los bancos barajen la posibilidad de encarecer los préstamos hipotecarios para compensar el pago del impuesto, si la sentencia les obligara a ello. Eso supondría a su juicio un pacto de precios encubierto y un sistema de oligopolio contrario a la economía de libre mercado.

De la Cierva: «El erario público no se verá perjudicado»
Fernando de la Cierva

«No debe existir ninguna preocupación entre los ciudadanos porque el erario público no se verá perjudicado», manifestó ayer el consejero de Hacienda, Fernando de la Cierva, ante el impacto económico que tendría la sentencia del Tribunal Supremo sobre las arcas regionales. Reconoció que la repercusión sería importante, pero destacó a renglón seguido que el Gobierno regional reclamaría inmediatamente la devolución del impuesto a los bancos que otorgaron las hipotecas. El procedimiento sería el siguiente: para devolver el dinero al contribuyente, la Consejería abrirá un expediente de comprobación y realizará una liquidación espejo por el mismo importe que se exigirá después al banco. Las cautelas que mostró por la mañana el consejero sobre el alcance de la sentencia del Tribunal Supremo en relación a su retroactividad, se vieron confirmadas a mediodía, cuando el propio tribunal paralizó la aplicación del fallo para que sea revisado por los 31 magistrados del pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, y dilucidar quién debe pagar el impuesto de la hipoteca, si el cliente o la banca.

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