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Un informe pericial de una acusación detecta un desfase de 1,2 millones en el Auditorio

Dos técnicos alertan de que cada certificación de obra se infló un 38% sin que el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras pusiera la menor objeción

Ricardo Fernández

Miércoles, 29 de marzo 2017, 02:05

Más de 1,2 millones de euros. Tal es el sobrecoste que el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras habría abonado por las obras del Teatro-Auditorio, y ello solo en lo referente a los capítulos de movimiento de tierras, cimentaciones y estructura, según alerta un informe pericial redactado a petición de una de las acusaciones particulares del 'caso Auditorio y que ayer fue entregado en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región.

  • Modificado. «El proyecto modificado no obedece a las justificación que lo motivó ni está acreditada totalmente la necesidad técnica de proceder a la corrección del sistema estructural».

  • Obra incompleta. «A pesar de mantener el mismo presupuesto de ejecución por contrata, se pretende convertir el objeto esencial del contrato en una obra incompleta, cosa que no se podía llevar a cabo porque no se había modificado el contrato ni su objeto».

  • Menos obra.

  • «Si bien es cierto que el modificado sirvió formalmente para acreditar y legalizar un incremento del 38% con respecto al original, lo cual ya se había practicado en las certificaciones previas, ello fue en detrimento de las unidades de obra a ejecutar».

  • Sobrecoste millonario. «El importe de los sobrecostes injustificados en los capítulos de movimiento de tierras, cimentaciones y estructuras se puede cifrar en 1.240.503 euros».

El análisis, elaborado por encargo del letrado de Podemos, Ginés Ruiz Maciá, está suscrito por el arquitecto Juan García Parra y el arquitecto técnico e Ingeniero en Edificación Luis Alberto Valera Martínez. Ambos sostienen, en coincidencia con el perito designado por la Fiscalía Superior, Andrés Checa, que cada una de las certificaciones de obra de ese proyecto se hinchó un 38%, al incluir varias partidas (gastos generales, beneficio industrial e IVA) que ya estaban contenidas en el presupuesto inicial. Esta circunstancia es un elemento más de los que desvelan, a juicio de los especialistas, «la falta de control y la desproporción del dinero pagado a cuenta de las certificaciones emitidas durante el transcurso de la obra», lo que explicaría que en septiembre de 2009 «con una obra ejecutada realmente al 47,08% se encontrara certificado y pagado el 85,39% del total contratado».

Por lo que se refiere al proyecto modificado, que según las consideraciones de los peritos de las defensas, explicaría que no se acabara el edificio, los dos expertos contratados por Podemos insisten en que no tenía justificación alguna y que con ello simplemente «se buscaba legalizar una obra incompleta, por no haber querido resolver el contrato o corregir las certificaciones desde el mismo inicio efectivo de la ejecución de las obras», que es lo que consideran que en realidad se debiera haber hecho por parte del Consistorio lumbrerense del que Pedro Antonio Sánchez era alcalde.

El informe deja constancia además de que ya en mayo de 2008 se había aprobado el plan parcial en el que constaba que la avenida que discurría frente al futuro Auditorio tendría una anchura de 25 metros, por lo que resulta «incomprensible» que en 2009 la constructora y la dirección de obra alertaran de que había que retranquear el edificio nueve metros a causa de ese vial, como si se tratara de «una circunstancia sobrevenida», y que además fuera asumida por el Consistorio sin presentar reparo alguno.

El proyecto modificado, a juicio de estos dos expertos, solo sirvió en realidad «para regularizar formalmente la situación generada», consistente en que se había pagado un sobrecoste del 38% y que por ello no se iba a acabar el inmueble, y se trataba de justificar a partir de ese momento «la realización de menos unidades de obra a mayor precio». Es decir, que «no se hizo más obra, sino que la que se certificó se hizo a precios más caros, hasta agotar el crédito inicialmente previsto».

Como ejemplo señala que los 18 pilares del Auditorio, que pasaron a certificarse con el precio del 'perfil hueco RHS' por un total de 480.617 euros, si se hubieran abonado al precio del 'perfil HEB', «lo cual es perfectamente normal en este tipo de presupuestos», habrían costado 354.257 euros menos.

El informe pericial está ya en manos del magistrado instructor, Julián Pérez-Templado, y todo apunta a que en los próximos días deberá citar a los dos especialistas para que ratifiquen sus conclusiones y se sometan a las preguntas de las partes.

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