La Asamblea reclama mejoras en la desaladora de Escombreras y destinar su producción al campo

La Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente tendrá que realizar un estudio de viabilidad técnica y financiera de la planta desalinizadora de Escombreras con la intención de mantenerla operativa y destinar su producción principalmente al suministro para usos agrícolas. Así se recoge en las propuestas de aprovechamiento de esa infraestructura que recogen las conclusiones definitivas de la comisión de investigación seguida en la Asamblea Regional y cuyo dictamen fue aprobado este jueves por el Pleno del Parlamento autonómico con los votos a favor de los diputados del PSOE, Podemos y Ciudadanos, así como con los contrarios de los representantes del PP.

Con la aprobación de ese dictamen, dicha comisión cierra un año y medio de trabajos para indagar sobre los proyectos para la construcción y puesta en marcha de esa planta. Concluye que el expresidente regional Ramón Luis Valcárcel urdió a principios del año 2006 una "trama" para cambiar el modelo socieconómico de la Región mediante la recalificación de suelo no urbanizable y construir cerca de 400.000 viviendas en distintos municipios murcianos. Para cubrir la garantía de suministro que la ley de Aguas exige a los nuevos desarrollos urbanísticos, Valcárcel y su entonces consejero de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, Antonio Cerdá, crearon la Entidad Pública del Agua de la Región de Murcia e idearon la planta desalinizadora, justificada en la necesidad de caudales para riego en el Campo de Cartagena, tras la derogación del trasvase del Ebro, destacan las conclusiones.

El cumplimiento de la ley de Contratos Públicos por parte de la Comunidad también queda en entredicho, porque la planta fue construida sin concurso público y con asesoramiento de despachos privados de abogados para constituir un entramado societario. Además, asumió unos contratos hasta el año 2034 con empresas del grupo ACS, que podrían llegar a costar a las arcas públicas 600 millones de euros, casi seis veces más del valor real de las instalaciones.

No obstante, la comisión de investigación considera que la planta es "viable técnicamente, y puede alcanzar unos costes de operación y mantenimiento compatibles con precios para el agua desalada dentro de los márgenes del mercado actual". Por ello demanda a la Consejería que realice una serie de trámites técnicos, financieros y presupuestarios para conseguir la máxima producción de agua desalada y que ésta sea destinada a uso agrícola. La planta tiene una capacidad de desalación de 21 hectómetros cúbicos de agua marina, aunque no suele superar los doce.

El dictamen con las conclusiones será remitido por la Asamblea al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, pero también al Ministerio Fiscal "por entender (dice el texto) que pueden concurrir en el presente asunto indicios de la comisión presunta de ilícito penal". También dará parte al Tribunal de Cuentas por si pudiera derivarse alguna responsabilidad contable.