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Gregorio Mármol
Jueves, 23 de febrero 2017, 02:02
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El dictamen con las conclusiones de la comisión de investigación parlamentaria de la desalinizadora de Escombreras será remitido a la Fiscalía de la Región de Murcia y al Tribunal de Cuentas debido a los indicios de que la Comunidad Autónoma vulneró supuestamente las leyes de Contratos Públicos y de Agua para poner en marcha esas instalaciones. Cuando el documento sea aprobado por el Pleno de la Asamblea Regional, también será enviado al Consejo de Gobierno. Con ese acuerdo y la rúbrica de las conclusiones a las que llegaron en su penúltima reunión, en noviembre, los diputados dieron carpetazo ayer a 15 meses de trabajo.
La comisión concluye que el expresidente regional Ramón Luis Valcárcel urdió una «trama» para cambiar el modelo socieconómico de la Región mediante la recalificación de 18.000 hectáreas de suelo no urbanizable y construir cerca de 400.000 viviendas en distintos municipios. Para cubrir la garantía de suministro que la ley de Aguas exige a los nuevos desarrollos urbanísticos, Valcárcel y su entonces consejero de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, Antonio Cerdá, crearon la Entidad Pública del Agua de la Región de Murcia e idearon la planta desalinizadora, justificada en la necesidad de caudales para riego en el Campo de Cartagena, tras la derogación del trasvase del Ebro.
También queda en entredicho el cumplimiento de la ley de Contratos Públicos. El presidente de la comisión y portavoz de Ciudadanos, Miguel Sánchez, reiteró que el Ejecutivo de Valcárcel constituyó, sin concurso público y con ayuda de bufetes privados de abogados, un «entramado societario» para hacer realidad su proyecto. Además, asumió unos contratos «leoninos» hasta el año 2034 con empresas del grupo ACS, que podrían llegar a costar a las arcas públicas 600 millones de euros, casi seis veces más del valor real de las instalaciones.
«Valoraciones muy graves»
El informe, que deberá ser ratificado por el Pleno de la Asamblea Regional, salió adelante en la comisión con los votos favorables de los representantes de PSOE, Podemos y Ciudadanos. El PP votó en contra, porque no reconoce las conclusiones. «En un porcentaje muy alto, recoge valoraciones subjetivas políticas muy graves», según Juan Luis Pedreño. En opinión de este diputado popular, no hay motivos para criticar el proyecto, pues todos los partidos reconocen que la desaladora es una infraestructura necesaria y el PP añade que se construyó de manera legal, en el marco del derecho privado, con los avales de abogados e ingenieros expertos. «Es redundante que se concluya enviar a la Fiscalía, al Consejo de Gobierno y al Tribunal de Cuentas algo que ya conocen; el único objetivo es hacer ruido», añadió. El Tribunal de Cuentas abrió hace ocho meses una investigación sobre la desaladora. También hay otras cuatro de la Fiscalía y distintos juzgados.
Además de la posible vulneración de leyes, el diputado de Podemos Antonio Urbina denunció que la «trama» prometió obtener hasta 46 hectómetros cúbicos de agua con una planta que tenía una producción máxima de 20, aunque nunca ha superado los 15. «El Partido Popular sabía que todo era un doble fraude: un fraude en la promesa de agua y un fraude en la construcción de la desaladora».
El socialista Jesús Navarro también consideró «evidente la responsabilidad política, económica y social» ocasionadas al erario regional por parte de Valcárcel, Cerdá y los miembros de los distintos consejos de gobierno que tomaron decisiones sobre Escombreras. En su opinión, todos ellos, los consejeros del desaparecido Ente Público del Agua y los directivos de las cinco empresas del grupo ACS participantes en el proyecto «deberían estar preocupados» por lo que hicieron.
En cambio, el presidente de la comisión pidió no adelantar acontecimientos sobre las consecuencias que puede tener el dictamen para los políticos y altos cargos que señala. Miguel Sánchez se mostró satisfecho del trabajo realizado desde noviembre de 2015 y de la treintena de comparecencias registradas desde febrero de 2016.
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