El Colegio de Abogados denuncia el IVA en el sistema de asistencia jurídica gratuita

El Colegio de Abogados de Murcia y el Consejo General de la Abogacía reclamaron la suspensión inmediata de la aplicación del IVA al sistema de asistencia jurídica gratuita "para evitar perjuicios a los ciudadanos y a los abogados", según informaron fuentes de Portavoz en un comunicado.

En un comunicado, el decano del Colegio de Abogados de Murcia, Francisco Martínez-Escribano, señaló que las motivaciones "son muchas", pero comenzó esgrimiendo que la justicia gratuita "es una de las inversiones en paz social más importantes en un Estado de Derecho".

"Cada cierto tiempo vemos cómo es sometida a tensiones, vaivenes o amenazas", según Martínez-Escribano, quien explicó que "este no es un servicio libre ni en su contratación ni en su precio, sino un servicio público de carácter social, sin elección de cliente, con baremos previamente fijados por cada una de las administraciones competentes, encomendado con carácter obligatorio a la Abogacía institucional".

Recordó que los Colegios de Abogados organizan este servicio y lo prestan a los ciudadanos "en cualquier lugar de España, a través de 43.000 abogados de oficio, 24 horas al día, 365 días al año". Un sistema que "funciona sin prácticamente quejas de los usuarios", defendió.

El último "problema" que ha surgido sobre el mismo, y que está motivando una "enorme confusión y una creciente movilización de los Colegios de Abogados, de los profesionales, de sus asociaciones y de los propios afectados", es "el cambio de criterio interpretativo de la ley del IVA por parte de la Dirección General de Tributos que establece la aplicación de este impuesto al Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita", añadió.

Ese aumento del gasto en un 21 por ciento, según Martínez-Escribano, "no sólo pone en riesgo el sistema público vigente que garantiza el acceso a la Justicia en España en condiciones de igualdad para todas las personas, sino también la estructura organizativa ejemplar y única en Europa que lo hace posible".

Señaló que el cambio de criterio, respecto al vigente desde 1986, "se basa en una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE en el asunto C-534/16 que cuestiona el sistema fiscal existente en Bélgica, basado en un régimen de naturaleza distinta al modelo público español y, por tanto, no aplicable a España".

Sin embargo, señaló que este nuevo criterio interpretativo "se aplica ya en España desde el pasado 26 de enero, con una celeridad poco frecuente, y obligando a los abogados a entregar una factura al beneficiario de la justicia gratuita, cuyo pago del IVA no efectuarán ni el beneficiario ni el abogado sino las Administraciones públicas competentes, tal y como se ha visto obligada a aclarar la propia Agencia Tributaria".

La medida, añadió, "no sólo aumenta profundamente la burocratización del servicio y el trabajo de quienes lo prestan, sino que supone un cargo extraordinario a las arcas de las administraciones públicas de más de 50 millones de euros anuales, sin necesidad alguna y sin beneficio real para el ciudadano".

La Abogacía, según el decano, "tiene la obligación de garantizar la prestación continuada del Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita así como su calidad y, en definitiva, el derecho a la tutela judicial efectiva de quienes carecen de recursos para litigar (artículos 24 y 119 de la Constitución)".

Esta obligación "irrenunciable", destacó Martínez-Escribano, convierte el servicio "en un sistema reglado por normas administrativas y sometido a control público". Dada la naturaleza pública y obligatoria del servicio, la prestación de la justicia gratuita por los abogados del Turno de Oficio "no está sujeta a IVA" ya que se trata de "un auténtico deber cívico en palabras del Tribunal Europeo de Derechos Humanos".

Por "legalidad, razonabilidad y eficiencia", los abogados piden "que se suspenda la aplicación de esta norma de forma inmediata, que no se grave el Turno de Oficio con el IVA, así como que se aborden las reformas necesarias para garantizar la prestación de este servicio no sólo con eficiencia y eficacia, como hasta ahora, sino con la dignidad que merecen quienes lo realizan cada día con compromiso y de forma ejemplar".

"Se lo pedimos al Gobierno y reclamamos a los partidos políticos que apoyen esta medida de estricta justicia", remarcó el decano, quien considera que los ciudadanos que tienen derecho a la justicia gratuita "pueden estar tranquilos porque la Abogacía no les dejará nunca desasistidos".

"La Abogacía pondrá en marcha todos los recursos legales, sociales y políticos para que se respeten los derechos de los ciudadanos y de los abogados del Turno de Oficio. Poniendo en peligro la prestación de la Justicia Gratuita, afectamos la esencia de uno de los pilares del Estado de Derecho",concluyó.