Cuestionan si Guillén debió abstenerse en las negociaciones con la UCAM

El Sindicato de Profesionales de la Sanidad (SPS) cuestiona el papel de la consejera de Sanidad, Encarna Guillén, en las negociaciones con la UCAM, y se pregunta si debió abstenerse de estampar su firma en el convenio que regula las prácticas clínicas dada su condición de profesora en excedencia de la universidad privada. El SPS presentó ayer un escrito en el registro de la Comunidad en el que pide al Gobierno regional que encargue un informe al Consejo Jurídico para aclarar esta cuestión.

Guillén dirigió la cátedra de Genética Médica y Enfermedades Raras de la UCAM desde 2013 hasta julio de 2015, cuando tomó posesión como consejera. Desde entonces está en excedencia. Previamente, entre 2005 y 2013, fue profesora asociada de la Universidad de Murcia.

El SPS plantea que Guillén no debería haber negociado el convenio con la UCAM ni estampado su firma en el convenio, porque la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público establece que «las autoridades y el personal» al servicio de las administraciones «se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato» cuando hayan tenido «relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto» o hayan prestado «en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar».

El SPS cita también la Ley 5/1994 del Estatuto Regional de la Actividad Política, que establece que «para el cumplimiento del deber de objetividad y de respeto al principio de igualdad, el alto cargo tiene la obligación de abstenerse de intervenir durante su mandato en todos aquellos asuntos que en su actividad privada anterior hubiera gestionado, dirigido o asesorado, o que interesen directa o indirectamente a él mismo o a sus parientes por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, o a empresas en que él o sus parientes tuviesen participación, o intereses, o hubieran asesorado o asesoren». El incumplimiento de este deber de abstención puede suponer que la Asamblea inicie un procedimiento para instar el cese del alto cargo, explica el SPS.

«Sin relevancia jurídica»

Sanidad responde que la firma del convenio «es en sí un acto material de escasa relevancia jurídica, ya que la decisión realmente importante la adopta el Consejo de Administración del SMS, que es quien aprobó las directrices del convenio, tanto de la UMU como de la UCAM». El Consejo está presidido por la consejera.

En realidad, la competencia para la firma del convenio la tenía el gerente del SMS, pero se decidió que fuese la consejera quien lo rubricase «por la relevancia» del acuerdo.

Sanidad también subraya que el convenio es «resultado de un proceso» anterior a la etapa de Guillén. Además, se señala que «desde que se inició el proceso de negociación, en el que no ha participado la consejera directamente, sino una comisión del SMS, existen negativas reiteradas de la universidad firmante a suscribir el acuerdo». Guillén ha mantenido reuniones que fueron públicas con representantes de la UCAM, pero fuentes de Sanidad defienden que estos encuentros solo fueron «aldabonazos» para el proceso, que llevó la comisión. La Consejería también subraya que «de llevarse a sus extremos», los supuestos de abstención impedirían a cualquier profesional «ocupar un cargo público relacionado con su sector».

Por último, la Consejería recuerda que Mendoza ha mostrado su insatisfacción con el acuerdo «pese a haberlo firmado», en el sentido de que mantiene el contencioso contra Sanidad por el convenio con la UMU. Por ello, «no cabe deducir interés alguno» de la consejera, concluyen estas fuentes.