Los letrados de la Comunidad toman el control judicial de la desaladora

El Gobierno regional ha decidido finalmente asignar a la Dirección de los Servicios Jurídicos la representación y la defensa de los intereses de la Comunidad Autónoma en los frentes judiciales que tiene abiertos la desaladora de Escombreras, tanto los litigios actuales como los que se pueden producir en los tres próximos años. De esta forma, el Ejecutivo regional entiende que estarán mejor atendidos los intereses de los ciudadanos y del erario público, a la vez que se ahorrará una considerable cantidad de dinero en el pago del abogado y del procurador.

Esta medida ha tenido como consecuencia la marcha del abogado Andrés Santiago Arnaldos Cascales como administrador mancomunado de la empresa pública Desaladora de Escombreras, un puesto que asumió en julio de 2010. Desde entonces ha venido prestando los servicios de asesor jurídico y abogado defensor. José Manuel Ferrer Cánovas ha quedado como único administrador y gerente.

La vinculación de Arnaldos con la desaladora fue anterior, ya que actuó como secretario del Consejo de Administración del Ente Público del Agua (EPA) en el año 2007. Este presentó su renuncia el 22 de julio, un día después de que notificara al Juzgado de Primera Instancia número dos de Murcia que daba por terminada su tarea como abogado defensor de la desaladora en el pleito planteado por Tedagua, que reclama a la Comunidad Autónoma 12 millones de euros por impago. En el mismo escrito también renunció el procurador. Con anterioridad, ambos llevaron la representación procesal por la reclamación de ACS de más de 550 millones de euros, también por impago, donde se llegó a un acuerdo transaccional.

Cuando el Tribunal de Cuentas abrió diligencias antes del verano para comprobar la existencia de posibles responsabilidades contables, el Gobierno regional decidió personarse a través de la Dirección de los Servicios Jurídicos de la Comunidad, debido al daño económico que está causando la desaladora a las arcas públicas y a las consecuencias que puedan derivarse de la investigación. El siguiente paso lo ha dado ahora, con la firma de un convenio entre la Consejería de la Presidencia y la sociedad Desaladora de Escombreras -que quedó vinculada a Esamur- para que la defensa legal la asuma la Dirección de los Servicios Jurídicos de la Comunidad, a cuyo frente se encuentra Francisco Ferrer. El Gobierno regional considera que el interés público está mejor garantizado. De esta forma, el Gobierno acepta la recomendación que hizo hace unos años el interventor general, quien propuso que la defensa jurídica pasara a los letrados de la Comunidad debido a los elevados honorarios del abogado y del procurador. Arnaldos actuó a la vez como administrador y abogado.

El Gobierno regional rechazó la minuta que presentó el procurador por el primer pleito, quien reclamó 318.000 euros. Asimismo, los administradores de la desaladora llegaron a provisionar 1,4 millones de euros para afrontar el litigio pendiente con Tedagua: 678.500 euros para cada uno de los abogados, más la parte de los procuradores. A partir de ahora será gratis.