CESM acusa a Sanidad de contratar a 300 médicos eventuales «en fraude de ley»

El Sindicato Médico (CESM) ha presentado un escrito ante el Servicio Murciano de Salud (SMS) en el que denuncia que los contratos eventuales de duración acumulada de seis o más meses para un mismo puesto de trabajo «constituyen un fraude de Ley». En esta situación estarían unos 300 facultativos, advierte CESM. En el documento, elaborado por sus servicios jurídicos, el sindicato exige que se reconozca la condición de personal estatutario de vacante, con los derechos inherentes a dicha condición, a los afectados. Al mismo tiempo, la organización sindical solicita que los puestos de trabajo ocupados por contratos eventuales en fraude de ley se conviertan «en puestos de carácter estructural, sin perjuicio del derecho de la Administración a amortizarlos o incluirlos en el correspondiente proceso selectivo».

Con esta iniciativa, el sindicato, presidido por Francisco Miralles, solicita al SMS que «se adopten las medidas necesarias para corregir el uso abusivo de la contratación eventual de acuerdo con dos sentencias publicadas recientemente por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ponen de manifiesto la práctica irregular de los servicios de salud de las distintas comunidades respecto al incumplimiento de la legislación vigente en materia de contratación eventual, considerando que existe un abuso en el uso de dichos tipos de contrato de forma sucesiva».

El Servicio Murciano de Salud «viene realizando un continuo abuso de los nombramientos eventuales cuando las necesidades son permanentes y estables, sin que exista causa justificada, lo que supone una actuación ilegal contraria a la normativa comunitaria que, igualmente, supera el plazo máximo de seis meses establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público como el de doce meses establecido en el Estatuto Marco», subraya CESM.

Por todo ello, el sindicato considera que la Administración «está obligada en cumplimiento de la directiva europea y normativa nacional a crear los puestos estructurales y convertir a los facultativos afectados (alrededor de 300 actualmente en la Región de Murcia) en personal interino, acordando que se dicten las resoluciones individuales pertinentes para el proceso».

En Educación

Por otra parte, el sector de enseñanza de la Federación de Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT denunció ayer la «pasividad» del Gobierno regional tras las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre los derechos de los trabajadores temporales. Por ello, animó a los interinos de Educación a presentar las reclamaciones previas solicitando la indemnización por finalización de contrato.

Ante esta perspectiva, y como ya hizo con el pago del mes de vacaciones a interinos de Educación, FeSP-UGT pone a disposición de sus afiliados sus servicios jurídicos para que «reclamen las cantidades que como finalización de contrato (despido objetivo) les corresponda basándonos en dichas sentencias» El Gobierno regional «se queda solo en su pertinaz inacción, frente a los agentes sociales, las instituciones y los tribunales», denunció el sindicato. Según cálculos de UGT, en el ámbito de la educación, «la interinidad alcanza a uno de cada cuatro docentes de enseñanza no universitaria».