La juez de 'Novo Carthago' cree que Valcárcel cobró de Galea a través de familiares

La magistrada del 'caso Novo Carthago', Miriam Marín García, se ha puesto a sumar indicios. Y las cuentas que le salen no pintan bien para el expresidente del Gobierno regional, Ramón Luis Valcárcel. Tanto es así que, en un auto dictado el pasado día 15 y que comenzó a ser notificado a las partes este lunes pasado, ya afirma textualmente que «del conjunto de lo instruido resultan indicios que apuntan hacia la posibilidad de que, para conseguir la reclasificación urbanística que era necesaria para el proyecto Novo Carthago, se entregasen por la promotora Hansa Urbana incentivos económicos a distintas autoridades con potestad para dar viabilidad a dicho proyecto, entre ellos, al anterior presidente de la Comunidad, que podría haber recibido los emolumentos a través de su hija (María Rosario) o de su cuñado Juan Francisco Cruz Alfaro, socio de Faromur».

Aunque hace un año el magistrado Manuel Abadía, de la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región, ya apuntó a la existencia de indicios de un supuesto cohecho contra el exjefe del Ejecutivo murciano, nadie hasta ahora había expresado esa sospecha con tamaña rotundidad. De hecho, el auto dictado por la magistrada Marín destaca por la claridad y firmeza con la que enumera los datos que apuntan a que, tanto desde la Comunidad Autónoma como desde el Ayuntamiento de Cartagena, se otorgó un presunto trato ilícito de favor al proyecto urbanístico, así como los indicios que indican que altos cargos públicos, entre ellos el propio Valcárcel, pudieron recibir dádivas o recompensas económicas a cambio de esas gestiones.

Supuesto enchufe de la hija

Dos de las vías que la instructora señala como posibles pagos del promotor Rafael Galea (Hansa Urbana) a Ramón Luis Valcárcel pasan por su hija mayor, María Rosario Valcárcel, quien la semana pasada fue citada a declarar en calidad de imputada para el próximo día 29. La primera se refiere al hecho de que este empresario fuera invitado a la boda que la primogénita del expresidente contrajo en octubre de 2007 con Fulgencio Perán. Aunque consta que Galea asistió al enlace, ni él ni los dos contrayentes han aclarado en qué consistió el regalo, aduciendo que no lo recordaban. De ahí que la juez haya validado la información recibida de Cajamurcia sobre los ingresos de la pareja en sus cuentas bancarias y el análisis que la Agencia Tributaria ha hecho sobre los mismos.

De otro lado, considera «anómala» la contratación que un despacho de abogados de Jerez de la Frontera hizo de esa hija de Valcárcel en los años 2006 y 2007, cuando era la única empleada procedente de fuera de Andalucía, tenía un sueldo superior a los otros trece empleados y no tenía contacto alguno en la zona que le permitiera atraer clientes. El hecho, constatado por Hacienda, de que Galea fuera el principal cliente de ese despacho durante años (aportó el 43% de todos los ingresos en 2005), lleva a la instructora a apuntar a que «es posible que la contratación de la señora Valcárcel por parte del despacho Syjeq hubiese sido promovida por Hansa Urbana para encubrir una dádiva hacia la familia Valcárcel».

La última vía de una posible recompensa económica al expresidente por parte de esa promotora se refiere a la venta de una finca, a bajo precio -hasta cuatro veces menos de su aparente valor real-, que Hansa hizo a la firma Faromur en 2004, en plena recalificación de Novo Carthago. Los socios iniciales de Faromur eran Juan Sánchez Carrillo y José Alberto Meroño García, pero dos meses después de recibidos los terrenos de Hansa, un cuñado de Valcárcel, Juan Francisco Cruz Alfaro -hermano de Rosario Cruz- se quedó con el 40% de la sociedad pagando un euro por cada acción.

«Respaldo de máximo nivel»

La instructora recuerda que está acreditado que el propio Valcárcel asistió el 12 de junio de 2003 a la presentación pública de Novo Carthago en La Manga del Mar Menor, en lo que suponía «un respaldo político del máximo nivel al proyecto». Y ello a pesar de que entonces ya era evidente de que el futuro de esa gran urbanización -10.000 viviendas, hoteles y campo de golf- pasaba por urbanizar una parte de un espacio natural protegido. Así lo recuerda la magistrada en su auto, donde sostiene que esa presencia y ese respaldo público de Valcárcel iba «en detrimento del interés público, que le obliga a garantizar la preservación de un espacio natural protegido».

Califica además de «ilógico» que Hansa Urbana iniciara el proyecto comprando precisamente la finca Miramar, que era la protegida y no urbanizable, y que pagara «elevadas comisiones de intermediación al exalcalde de Cartagena, José Antonio Alonso, y al exconcejal de Turismo de esa localidad, Juan Martínez García». Los pagos a Alonso se fueron cubriendo además a lo largo de varios años, «lo que implica una continuidad de la gestión» que en apariencia estaba realizando el amigo íntimo de la entonces alcaldesa y hoy candidata al Senado por el PP, Pilar Barreiro.

La juez afirma literalmente que «existen indicios de una actuación coordinada entre el Ayuntamiento de Cartagena, la Consejería de Medio Ambiente -a cuyo frente estuvieron los imputados Antonio Cerdá y Francisco Marqués- y la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio», que estaba presidida por el también imputado Joaquín Bascuñana.

Además de los posibles cohechos a Valcárcel, la instructora indica que hay indicios de pagos y dádivas por parte de Hansa Urbana a otras autoridades, y menciona a Marqués -a quien vendió un piso en Valencia por un precio muy bajo-, a la exasesora de Cerdá María Antonieta Fernández -recibió 125.000 euros no justificados- e incluso a Bascuñana, de quien destaca que estuvo más de diez años sin sacar dinero de las cuentas ni para atender los gastos cotidianos.