Juzgan al promotor de Novo Carthago por un presunto fraude de 6 millones

El constructor alicantino Enrique Ortiz y otros cuatro empresarios, entre ellos, Rafael Galea, promotor de Novo Carthago, están acusados del supuesto fraude fiscal de más de 6 millones de euros cometido en una operación de suelo cerrada en 2005 en la playa de San Juan. Sus defensas, en la sesión de cuestiones previas celebrada ayer, alegaron que peligra el «derecho de juicio justo» al declarar como peritos a los funcionarios de la Agencia Tributaria que fueron los que denunciaron los hechos. «A los acusados sólo les falta esperar que dicten sentencia», espetaron.

El juicio ya se aplazó en enero a causa de la enfermedad de un perito y finalmente comenzará el próximo 4 de julio en el Juzgado de lo Penal número 1 de Alicante. Está previsto que se prolongue durante toda la semana. Para el constructor Enrique Ortiz, que está investigado en otros casos como 'Brugal' o 'Gürtel', la Fiscalía solicita tres años de prisión y una multa de 10 millones de euros por un delito contra la Hacienda Pública y un año y medio por un delito de falsificación de documento mercantil. La Fiscalía solicita las mismas penas para los empresarios Rafael Galea, Vicente Pérez, Miguel Ballestar y Miguel Carratalá, representantes de las empresas Hansa Urbana, Obras Asfálticas y Construcciones, Construcciones Villarejo y Viviendas del Mediterráneo.

Galea también está investigado, antes imputado, por el Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia en el caso 'Novo Carthago' por la presunta ilegalidad de la recalificación ilegal de unos terrenos en los que proyectaba una urbanización a orillas del Mar Menor. En ese proceso también están investigados por supuesta prevaricación los exconsejeros autonómicos Antonio Cerdá (Agricultura y Agua), Francisco Marqués, (Medio Ambiente) y Joaquín Bascuñana (Obras Públicas).

En cuanto a la operación de suelo en la playa alicantina de San Juan, la Fiscalía mantiene que todos los investigados se pusieron «de acuerdo» para obtener «un beneficio económico derivado de causar un perjuicio a la Hacienda Pública mediante la defraudación en los tributos que debían satisfacer». Hansa arrendó de esta manera hasta nueve terrenos rústicos en la zona de la playa a Construcciones Villarejo y a Obras Asfálticas por 1,5 millones de euros.

El fiscal entiende que aunque se abonó la mensualidad, los solares «nunca fueron usados ni utilizados para cualquier finalidad» y sí «un pago a cuenta o anticipo de una posterior operación mercantil de compra-venta de esos terrenos». Además, el contrato de alquiler permitió a las empresas aplicarse una deducción por reversión de beneficios extraordinarios en el Impuesto sobre Sociedades. Los abogados de Enrique Ortiz y Miguel Carratalá defendieron que en la operación se detectó una discrepancia por parte de Hacienda, que sostenía que tras la venta de los terrenos de Rafael Galea a Ortiz el activo no era inmovilizado sino circulante, y que este tipo de casos «siempre» han ido por la vía contencioso-administrativa y que en este proceso se ha «estirado» hasta llegar a la instrucción penal.

Por todo ello, los letrados consideraron que se trata de un caso «extraordinario» y recordaron que no hay ninguna sentencia en España por este motivo en el ámbito penal.

Cuestiones para el día 4

Por su parte, el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado mantuvieron que están «acostumbrados» a juicios en los que los denunciantes sean peritos debido a que se han hecho auditorías internas y también destacaron la «imparcialidad y objetividad» que se les supone a los funcionarios. Además, manifestaron que la Agencia Tributaria debe utilizar los mecanismos que tiene para detectar el fraude fiscal. La jueza indicó que las cuestiones planteadas se resolverán el día 4, antes de comenzar con las declaraciones.