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María Antonieta Fernández, este mayo, en la comisión de investigación de la desaladora.

Mantienen la imputación por cohecho a la exasesora jurídica de Antonio Cerdá

El Juzgado de Instrucción de Murcia afirma que, aunque es cierto que María Antonieta Fernández no firmó ninguna resolución sobre proyecto de Novo Carthago, existen indicios en la causa de que pudo redactar el borrador

efe

Martes, 7 de junio 2016, 18:47

El Juzgado de Instrucción de Murcia que investiga el 'caso Novo Carthago' sobre presunta corrupción urbanística en terrenos protegidos ubicados junto al Mar Menor desestimó el recurso presentado por la investigada en estos hechos, Maria Antonieta Fernández, exasesora del que fuera consejero de Agricultura y también encausado, Antonio Cerdá.

En el recurso, Fernández había pedido que se revocara una resolución anterior, de febrero de 2015, por la que se añadió al delito de prevaricación, por el que ya estaba investigada, el de cohecho.

El auto del juzgado, dictado este martes, señala que Maria Antonieta Fernández no ofreció ninguna explicación sobre el origen de los casi 180.000 euros que fueron ingresados en sus cuentas bancarias y de los que más de 130.000 euros lo fueron en los años en los que se produjo la reclasificación de los terrenos para permitir la ejecución del proyecto urbanístico.

En el recurso, la que fuera asesora jurídica de Cerdá, señalaba que nunca pudo cometer este segundo delito que le había sido atribuido porque no había dictado ninguna resolución sobre Novo Carthago.

Además, expuso que se le atribuía un delito genérico de cohecho y que, en todo caso, el mismo estaría prescrito.

El Juzgado de Instrucción en su resolución rebate todos los argumentos expuestos por Fernández y dice que, aunque es cierto que no firmó ninguna resolución sobre el citado proyecto, existen indicios en la causa de que pudo redactar el borrador de la orden de la consejería de Agricultura por la que en 2003 se acordaba el reinicio del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN).

Asimismo, la magistrada añadió que aunque de todos era sabido que el proyecto Novo Carthago era "urbanísticamente inviable" por afectar a terrenos protegidos, sin embargo, desde los distintos estamentos se "fue moldeando la normativa para darle salida".

El auto concluye que, precisamente, fue la actuación de la recurrente "la que sirvió de base para todo lo posterior".

Tras la desestimación del recurso será ahora la Audiencia Provincial de Murcia la que tendrá que pronunciarse al respecto, porque esta investigada también formuló un recurso de apelación.

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