La juez de 'Novo Carthago' respalda que se investigue el destino de un yate de Galea
El anterior instructor, Manuel Abadía, sospechaba que el barco podía haber acabado en manos de algún alto cargo de la Comunidad
Ricardo Fernández
Lunes, 13 de junio 2016, 10:45
La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia, Mirian Marín, también quiere saber qué embarcaciones tenía el promotor Rafael Galea amarradas en la Marina Deportiva del Puerto de Alicante y, lo que es más importante, en manos de quién pudieron acabar. Esta diligencia fue ordenada hace un año por el magistrado de la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región, Manuel Abadía, quien sospechaba que un barco de la marca 'Astondoa', propiedad del empresario que impulsaba una urbanización con 10.000 viviendas junto al Mar Menor y que se benefició de una recalificación supuestamente ilegal de los terrenos, pudo acabar en manos de algún alto cargo de la Comunidad Autónoma.
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Abadía, quien perdió su competencia para seguir investigando cuando el único aforado de la causa hasta ese momento, Antonio Cerdá, presentó su dimisión como consejero, aparentaba con ese tipo de investigaciones disponer de algunas fuentes de información privilegiadas, que le irían apuntando hacia posibles ilegalidades que se pudieron cometer en torno a la tramitación de ese expediente urbanístico.
La orden del juez Abadía de investigar el destino final de alguno de los barcos de Galea fue recurrida por este promotor, que calificó la decisión de «huérfana de motivación, inútil, innecesaria y desproporcionada». Ahora, sin embargo, la magistrada Mirian Marín acaba de confirmar la pertinencia de esa prueba. «Podría ser útil para determinar si se trata o no de las mismas embarcaciones que figuran en los artículos de prensa y fotografías unidas a estos autos y para averiguar si se pudo realizar alguna transmisión en favor a alguno de los funcionarios o autoridades con competencias administrativas relacionadas con el proyecto Novo Carthago, lo que arrojaría en su caso indicios de un posible cohecho».
También el contrato de Luna
La instructora también ve justificado que se averigüe en qué fecha fue contratado el abogado urbanista alicantino Ángel Luna por parte de la promotora Hansa Urbana, que presidía Galea. Se trata de una información relevante, teniendo en cuenta que Luna participó en una reunión en el Palacio de San Esteban de Murcia, en la que el consejero Antonio Cerdá defendió ante los técnicos de Medio Ambiente la conveniencia de sacar adelante el proyecto urbanístico Novo Carthago.
Al contrario, la juez no cree pertinente que se requiera al Ayuntamiento de Alicante -como ordenó el magistrado Abadía- para que certifique datos relativos a la participación de Ángel Luna en el proyecto urbanizador PAU 4 de ese municipio. Considera la instructora que ese asunto no está directamente relacionado con el proyecto Novo Carthago, ya que este se iba a desarrollar en una región diferente y sin que además Ángel Luna ostente cargo público alguno en Murcia.
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Por último ha rechazado una petición del imputado Antonio Alvarado, ex director general, para que se incorporen a las diligencias las actas de los debates celebrados en la Asamblea Regional sobre la Ley del Suelo.
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