La juez del 'Novo Carthago' reactiva la investigación después de casi un año

No son más que dos autos para resolver sendos recursos sin demasiada importancia, pero van a devolver la inquietud a algunos relevantes personajes de la vida pública regional. La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia, Mirian Marín García, ha retomado la investigación sobre el 'caso Novo Carthago' de supuesta corrupción urbanística, que ha permanecido prácticamente parado un año por diversas razones, entre las que se cuentan dos periodos de ausencia de esta magistrada por sendas bajas laborales.

La resolución de dos de los más de veinte recursos que tiene pendientes de responder supone, en la práctica, que esas diligencias se han visto reactivadas tras el largo parón. Y es previsible que en las próximas semanas se empiecen a producir decisiones al respecto, pues el juzgado disfruta en estos momentos de un juez de apoyo, lo que va a permitir a esta magistrada centrar sus esfuerzos en este asunto de supuesta corrupción y en otro par de causas relevantes, como el de los ruidos generados por los locales de ocio en la calle Pérez Casas.

Uno de los recursos que acaba de resolver se refiere a la petición que había realizado el promotor de Novo Carthago, Rafael Galea, para que fuera anulado el último auto dictado por Manuel Abadía, magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, por el que preimputó por este asunto al expresidente del Gobierno regional, Ramón Luis Valcárcel.

Galea aducía que cuando Abadía dictó esa resolución el 3 de marzo de 2015 ya había perdido la competencia sobre el asunto, debido a que en ese instante ya era «público y notorio» que el consejero Antonio Cerdá había dimitido, con lo que perdía su aforamiento. Algo que dejaría sin efecto las últimas decisiones adoptadas por el TSJ.

La juez Marín rechaza ese argumento recordando que no fue hasta el día 4 de marzo de 2015 cuando la dimisión de Cerdá se hizo oficial, con su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM).

Igualmente, la instructora rechaza el planteamiento del promotor de que varios de los delitos que se investigan habrían prescrito y sostiene, en sentido contrario, que además de no ser el momento procesal de plantearlo, tampoco han variado las circunstancias que llevaron al TSJ a investigar este asunto.

Entre las diligencias que quedaron pendientes de practicar cuando el TSJ perdió la competencia sobre este caso destaca la toma de declaración a la hija mayor de Ramón Luis Valcárcel, como imputada en un presunto cohecho, ante las sospechas de que pudo ser enchufada en un despacho jurídico de Sevilla del que Galea era el principal cliente.