Triplican las condenas a los dueños de un matadero por un contagio de brucelosis

La Audiencia castiga con veinte meses de prisión a los dos propietarios, que no adoptaron medidas de seguridad para evitar que 17 empleados contrajeran la enfermedad

EFEMURCIA

La Audiencia Provincial de Murcia ha elevado de siete meses de prisión a veinte la pena impuesta a los dos propietarios de un matadero de Cartagena, en el que la falta de medidas de seguridad e higiene provocó que 17 de sus empleados contrajeran la brucelosis.

La sentencia, dictada meses atrás por un juzgado de lo Penal de Cartagena, condenó también al encargado del matadero y a una veterinaria como responsables de un delito contra los derechos de los trabajadores, en concurso con catorce delitos de lesiones por imprudencia.

En esa primera resolución fue absuelto además uno de los dueños, que había sido acusado igualmente de un delito de tráfico de géneros corrompidos. En el juicio no pudo demostrarse que carne de animales enfermos pudiera haber sido destinada al consumo humano.

El juzgado de lo Penal sí declaró probado que como consecuencia de la falta de las medidas de seguridad un total de 17 empleados contrajeron la brucelosis. Uno de ellos tardó en curar más de tres años, y otro, más de dos años.

Sangre sobre los trabajadores

La sentencia señalaba que esa exigencia de adoptar las medidas higiénicas precisas era más exigible todavía porque en este matadero, ubicado en un polígono de Cartagena, se hacía el despiece de carne destinada al consumo humano y, al mismo tiempo, actuaba como punto de erradicación de animales enfermos.

En concreto, respecto al sacrificio de reses enfermas, los trabajadores no habían sido informados sobre la posibilidad de contraer la brucelosis ni se les habían facilitado medios de vigilancia para la salud.

«Además -advertía el juez-, se produjeron importantes deficiencias operativas, no estableció una separación real de jornadas o turnos entre el sacrificio de animales para el consumo y los destinados al sacrificio para erradicación de enfermedades». Esa situación provocó «que se produjeran derrames de vísceras y sangre de animales enfermos sobre los trabajadores, y una velocidad excesiva en la cadena de animales de la campaña de saneamiento».

Por otra parte, los jefes tampoco establecieron las medidas oportunas para impedir que los empleados comieran, bebieran o fumaran en el centro de trabajo, lo que dio lugar a que la Inspección de Trabajo levantara un acta en la que se recogían hasta cinco infracciones.

Ahora, la Audiencia Provincial de Murcia ha desestimado el recurso presentado por los propietarios en su propio nombre y como representantes de las empresas a través de las que administraban el matadero, que fueron declaradas responsables civiles.

A la vez, el tribunal estima en parte el recurso presentado por la acusación particular y eleva de siete meses a veinte las penas de prisión, y de seis euros a doce la cuota diaria de la multa que igualmente les fue impuesta a los empresarios.

Al elevar las penas de prisión, la Sala deja constancia de que la atenuante de reparación del daño debe ser considerada solo como simple, y no como muy cualificada, como había hecho el juez.

Por otra parte, no aprueba la petición de cierre de las instalaciones reclamada por la misma acusación porque desde 2001, en que ocurrieron los hechos, no consta que se hayan producido situaciones similares a las denunciadas.