El magistrado del Supremo no citará otra vez a Barreiro por 'Novo Carthago'

El magistrado José Ramón Soriano, que instruye las diligencias contra Pilar Barreiro en el Tribunal Supremo (TS), ha rechazado las pruebas propuestas por Izquierda Unida (IU) contra la senadora y exalcaldesa de Cartagena por el 'caso Novo Carthago', y da un plazo de cinco días a la acusación popular, que ejerce este partido y algunos concejales del PSOE, para formular alegaciones sobre la petición de la defensa y de la Fiscalía de archivar el caso.

Entre las pruebas rechazadas en el auto figura una nueva citación para que declare Barreiro. El instructor explica que ya la llamó a declarar el 5 de marzo de 2015 y que la dirigente popular contestó a todas las preguntas. «Por tanto, una nueva declaración de la imputada con el objeto de que conteste a las preguntas que le formule la acusación popular, pudiendo acogerse a su derecho a no declarar, no supondría nada relevante a tener en cuenta en el devenir del proceso», señala el magistrado.

La decisión del juez José Ramón Soriano se produce después del varapalo que le infringieron el pasado enero tres magistrados del Alto Tribunal. Soriano había decretado el sobreseimiento libre de la causa contra Barreiro en mayo de 2015, decisión que confirmó en octubre de ese mismo año, pero los tres jueces acordaron retrotraer las actuaciones al pasado mes de abril para valorar la petición de unas pruebas que ahora José Ramón Soriano rechaza en este nuevo auto.

El caso de presunta corrupción urbanística 'Novo Carthago' se abrió por la vulneración de la legislación de protección medioambiental al recalificarse parte de unos terrenos próximos al mar en los que se pretendían construir 10.000 viviendas, hoteles de lujo y dos campos de golf.

El Supremo aceptó en su día que IU, dos concejales socialistas y una asociación naturalista fueran acusación popular en la investigación seguida contra la alcaldesa de Cartagena y senadora por supuesta corrupción urbanística junto al Mar Menor. La decisión del Supremo revistió especial importancia porque el fiscal pidió el sobreseimiento provisional del caso por considerar que las sospechas de prevaricación no habían sido adecuadamente fundadas.De este modo, sin la personación de una acusación popular no hubiera sido posible mantener el procedimiento, porque nadie hubiera acusado. Sin embargo, el juez del caso, José Ramón Soriano, ha rechazado las peticiones de prueba de la acusación y les ha exigido que se pronuncien sobre la posición del fiscal favorable al archivo.

La alcaldesa de Cartagena negó en la comparecencia que celebró en 2015 ante el Tribunal Supremo, donde compareció como imputada, haber prevaricado al recalificar unos terrenos protegidos junto al Mar Menor para edificar viviendas, hoteles y un campo de golf.