Un defensor de 'Cala Cortina' sostiene que no dio tiempo de asesinar y tirar al mar a Diego

Diego Pérez se subió al coche patrulla Z-54 de forma voluntaria y su muerte fue accidental. Estas son las dos premisas sobre las que se sostendrá durante el juicio la defensa de cinco policías nacionales de Cartagena, que están acusados de la presunta detención ilegal y el posterior asesinato de un vecino de Las Seiscientas, cuyo cuerpo habrían arrojado seguidamente al mar.

Las líneas maestras de la estrategia defensiva han quedado claramente marcadas en el escrito de calificación que acaba de presentar en el juzgado el letrado Raúl Pardo-Geijo Ruiz, abogado del agente José Carlos Mateos Luján, en el que detalla todos los datos de la investigación que, según su particular versión, demostrarían que las acusaciones no se sostienen.

Respecto del primero de los delitos que se atribuye a los cinco agentes -el mencionado Mateos Luján y sus compañeros José Antonio Costas Guerrero, José Luis Solano Albaladejo, Rubén Manuel Forné Navarro y Raúl Aguado Rodríguez-, el de detención ilegal, el abogado Pardo-Geijo Ruiz niega que en la madrugada del 11 de marzo de 2014 los policías obligaran a Diego Pérez a subirse en un vehículo policial y lo trasladaran en contra de su voluntad hasta Cala Cortina, una playa alejada del casco urbano.

Así, sostiene el defensor que fue este vecino de Las Seiscientas quien, llevado por el «extremado miedo» que padecía por unas presuntas amenazas con arma de fuego, «se negó de manera rotunda a ser llevado al hospital o a comisaría y requirió tajantemente de los policías que le trasladasen a un lugar alejado de su domicilio». Añade que fue el propio Diego quien insistió en meterse en el coche policial hasta acabar logrando su propósito, aunque admite el letrado que los agentes, desconocedores de los problemas mentales que sufría ese vecino, no obraron correctamente al llevárselo hasta Cala Cortina.

Mucho más exhaustivo es el análisis que el defensor realiza sobre la hipótesis del supuesto homicidio, como lo califica el fiscal, o asesinato, como lo considera la acusación particular. Atendiendo a las múltiples pruebas periciales e informes contenidos en el sumario, afirma que hay una «imposibilidad material» de que los seis agentes que se encontraron aquella noche en Cala Cortina (los cinco que irán a juicio, además de Gregorio Javier García Miras, que falleció en prisión) pudieran matar y arrojar al mar el cuerpo de Diego Pérez. Para ello examina al detalle los tiempos en que las tres patrullas policiales permanecieron en la cala, hasta llegar a la conclusión de que en los dos minutos y cuarenta segundos en que todos ellos coincidieron en la zona no fue posible asesinar a la víctima y llevar el cuerpo hasta el mar, que distaba unos 200 metros del aparcamiento.

En virtud del estado mental de Diego Pérez y de los informes realizados por expertos forenses como Luis Frontela, Vicente Herrero, José Manuel Almarcha y David Hernández Mateo -contratados por las defensas-, el abogado insiste en que la única hipótesis viable es que este vecino escapó a la carrera cuando llegó a Cala Cortina y se precipitó accidentalmente desde varios metros de altura contra unas rocas, fracturándose el cuello. Luego el mar se habría llevado su cadáver.

En su versión, el abogado asegura que el «único error» de los agentes fue ocultar a sus superiores lo que había ocurrido, por temor a ser objeto de una sanción.