El Consistorio de Cartagena pide que Alonso aclare en el Supremo qué papel jugó en Novo Carthago

El propio Ayuntamiento de Cartagena se ha puesto a perseguir a quien durante dos décadas fue su alcaldesa, la popular Pilar Barreiro. Y no parece que lo vaya a hacer poniéndole paños calientes para que digiera mejor el efecto de los golpes. Los servicios jurídicos municipales acaban de remitir un escrito a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que mantiene imputada a la ex primera edil cartagenera y actual senadora por el 'caso Novo Carthago', para reclamar la práctica de una nueva prueba que consistiría en la toma de declaración, en calidad de testigo, de quien también fue alcalde de la ciudad, aunque este con el PSOE, José Antonio Alonso Conesa.

El Consistorio cartagenero, que se ha personado en estas diligencias como acusación popular, afirma que Alonso «debe aclarar su actuación en todo este entramado», además de su «vinculación con Pilar Barreiro». Y seguidamente recuerda las revelaciones que 'La Verdad' realizó el pasado 22 de diciembre, cuando informó de que el exalcalde y amigo íntimo de la política del PP percibió dos millones de euros en comisiones, como aparente pago a su labor de intermediación en la venta de los terrenos donde se iba a levantar la macrourbanización.

Esas tareas de intermediación se iniciaron casi un año antes de la presentación por parte de la empresa Hansa Urbana de su plan de construcción de miles de viviendas, un campo de golf y dos hoteles a orillas del Mar Menor, un proyecto que la Justicia lleva años investigando por presuntas irregularidades en la tramitación, que habrían cometido políticos, funcionarios municipales y altos cargos de la Comunidad.

Un informe de la Agencia Tributaria puso de manifiesto que la promotora Hansa Urbana realizó pagos por 666.855 euros a la sociedad Centro Audiovisual de Inversiones SL, propiedad de los hermanos José Antonio y Agustín Alonso, entre los años 2002 y 2006, coincidiendo con la tramitación de todo el macroproyecto.

Entre los conceptos por los que los hermanos Alonso emitieron sus facturas figuran los de «servicio de consultoría compra finca», «servicio venta Miramar», «intermediación finca Derramadores», «proyecto urbanístico Novo Carthago», «intermediación compra Miramar», «gastos de representación CV finca Miramar» e «intermediación».

La misma sociedad de los Alonso percibió entre 2002 y 2005 otros 962.945 euros, pero esta vez procedentes de la parte vendedora de las fincas Miramar y Derramadores.

Finalmente, el 'triplete' lo lograron al conseguir otros 387.856 euros de otros intermediarios en la operación de compraventa, con los que habían montado sociedades como Derramadores del Mar Menor SA, en la que Centro Audiovisual de Inversiones SL tenía el 30%.

En base a estas informaciones y a la participación de Alonso en la compraventa de los terrenos, un año antes de que se presentara el proyecto, el Ayuntamiento de Cartagena afirma que «es palmario que Pilar Barreiro pudo conocer 'ab initio' toda esa operación, donde hubo suculentas cantidades de dinero en concepto de comisiones». Esta acusación popular destaca que la aprobación de la urbanización, con miles de viviendas, requería no una modificación puntual del Plan General, sino una revisión del mismo. Además, en ese momento «era total y absolutamente ilegal adjudicar aprovechamiento urbanístico a suelos protegidos», como ocurría con una parte de los adquiridos por Hansa Urbana.

Por último, considera que el conocimiento de Barreiro sobre esos planes urbanísticos iba más allá de la del resto de concejales, ya que podía haber recibido información directa de la promotora.