Valcárcel y Garre, llamados a declarar el miércoles en la comisión de la desaladora

Los expresidentes regionales Ramón Luis Valcárcel y Alberto Garre volverán a pisar los inmaculados mármoles de la Asamblea Regional el miércoles de la semana próxima para intentar aclarar -si quieren colaborar- cómo gestaron y pusieron en marcha una de las infraestructuras más onerosas acometidas por la Comunidad Autónoma en sus tres décadas de historia: la desalinizadora de Escombreras.

La Junta de Portavoces del Parlamento acordó en su reunión de ayer citar formalmente a Valcárcel y a Garre para que sean los primeros comparecientes ante la comisión especial que investiga las responsabilidades políticas en ese proyecto insostenible. La Administración regional debe pagar 600 millones de euros hasta el año 2034 por una planta promovida en 2006 para garantizar agua a los desarrollos urbanísticos previstos en una veintena de municipios murcianos, obligados a pagarla aunque no la consumieran. La situación es tan gravosa para las arcas autonómicas que la Intervención General advirtió el año pasado sobre el desequilibrio patrimonial de esta planta y propuso eliminar la sociedad pública Desaladora de Escombreras. La información se remitió al Tribunal de Cuentas para que determine si existe responsabilidad patrimonial.

Valcárcel recibirá hoy en su despacho de la Vicepresidencia del Parlamento Europeo un burofax con la citación para las diez de la mañana. Garre deberá comparecer dos horas más tarde, según acordaron ayer los portavoces. Ambos expresidentes tienen la obligación de responder con su presencia a las citaciones de la Asamblea aunque, según marca el reglamento de la Cámara, no estarán obligados a declarar. Además, decidirán si se hace público el contenido de sus respectivas declaraciones. El reglamento vigente establece que las declaraciones ante comisiones especiales de investigación son secretas. Pero los cuatro grupos políticos con representación parlamentaria mostraron su conformidad con abrir las puertas de la sala siempre y cuando el compareciente esté de acuerdo en ello. No obstante, el PP llamó a cambiar primero las normas de funcionamiento interno.

«Entendemos que primero tienen que ser los políticos los que deben dar una explicación política. Después entraremos en cuestiones técnicas y económicas de manos de los expertos», declaró, en referencia al ritmo de trabajo previsto en la comisión, el portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Miguel Sánchez, que es quien la preside.

Tres meses de trabajo

Valcárcel y Garre abrirán un periodo de trabajo extraordianario para la comisión parlamentaria que se reunirá todos los miércoles durante los próximos tres o cuatro meses. Para el día 17 de febrero está previsto que sean llamados a declarar ante la comisión el exconsejero y antiguo delegado del Gobierno Joaquín Bascuñana y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Miguel Ángel Ródenas. En el bloque político también está prevista la citación de los exconsejeros Antonio Cerdá, Antonio Sevilla y José Ballesta, además de la exministra socialista de Medio Ambiente Cristina Narbona, el exsecretario general de Biodiversidad Antonio Serrano y el expresidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Adrián Ángel Viudes.

La treintena de comparecencias anunciadas se completará con ingenieros, letrados y economistas que participaron en la creación del entramado técnico y legal para poner en marcha la desalinizadora a través del Ente Público del Agua de la Región de Murcia y los contratos de arrendamiento suscritos con empresas del grupo ACS.