Objetivo: papel cero

Los juzgados inician este viernes el camino hacia la digitalización de la administración, pero los magistrados y fiscales advierten de que estos avances, unidos a la falta de medios, pueden generar más retrasos. Pese a que la fecha marcada era el 1 de enero, los legajos no desaparecerán de los juzgados, al menos, hasta julio. Los jueces recibirán todos los papeles de forma telemática, pero deberán seguir imprimiéndolos para trabajar con ellos

Un grupo de funcionarios trabajando con la doble pantalla de ordenador en el servicio común de ordenación del procedimiento de la jurisdicción civil, en la Ciudad de la Justicia de Murcia./
Un grupo de funcionarios trabajando con la doble pantalla de ordenador en el servicio común de ordenación del procedimiento de la jurisdicción civil, en la Ciudad de la Justicia de Murcia.
ALICIA NEGREMurcia

El papel tiene los días contados en los juzgados o eso, al menos, es lo que marca la ley. El Ministerio quiere acabar con la imagen de estanterías desbordadas de legajos con la que se identifica desde hace años a la Justicia. La reformada Ley de Enjuiciamiento Civil, aprobada el pasado octubre, remarca que la meta 'papel cero' debe regir en todos los juzgados de la Región a partir del 1 de enero, pero este es un objetivo que, recalcan desde la magistratura, la Fiscalía y la abogacía, por el momento, se perfila bastante inalcanzable. Este paso de gigante se quedará en el tintero, al menos, hasta el mes de julio. Todos los colectivos de la Justicia coinciden en que es un avance inevitable, con el que los tribunales deben subirse el carro de las nuevas tecnologías, pero no tienen tan claro si el momento es el adecuado y los medios, suficientes. Advierten de que este esfuerzo por acabar de una vez con el papel podría acarrear nuevos retrasos en una administración que ya camina a marchas forzadas.

millones de euros tiene previsto invertir el próximo año el Ministerio en el departamento de Nuevas Tecnologías. El pasado año se destinaron 35 millones.

pantallas dobles se han instalado ya en los juzgados de toda la Región. El Ministerio ha suministrado en toda España 7.200 pantallas y 250 escáneres.

personas han recibido formación para adaptarse a este cambio, según los datos facilitados por el Ministerio.

sesiones formativas con secretarios de gobierno, coordinadores y letrados de la administración de Justicia se han llevado a cabo. Además, según especifica el Ministerio, se han desplegado 102 sesiones para los funcionarios.

El cambio que el Ministerio pretende implantar a partir del 1 de enero, y que se convirtió en uno de los campos de batalla del ministro Rafael Catalá, es de envergadura. El sistema Lexnet, en marcha desde 2010, ya implantó la notificación digitalizada de asuntos a los abogados y procuradores y este sistema ya funciona con normalidad en la Región. La idea ahora es que todos los escritos que se presenten en los juzgados deben llegar ya a ellos de forma telemática. Esta variación incluye desde las querellas hasta los atestados policiales, los partes médicos, los informes de la Agencia Tributaria...

A partir de enero, esta presentación digitalizada será obligatoria para los profesionales de la Justicia, incluida la Fiscalía y la Abogacía del Estado, y los colectivos que interactúan con ella, como los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, Instituto de Medicina Legal, hospitales... En 2017 se pretende incluir también a los particulares y personas jurídicas.

El secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, Francisco García Rivas, asegura que la administración ha llevado a cabo una «inversión tremenda» para garantizar que este cambio llegue a buen puerto. El Ministerio explicó que el presupuesto del departamento de nuevas tecnologías ascenderá el próximo año a 69 millones de euros frente a los 35 millones del pasado año. Parte de ese montante ha ido a parar a las 7.200 pantallas y 250 escáneres que se han implantado en los juzgados. En la Región, según explicó García Rivas, se han instalado 1.145 de esas pantallas. Jueces, fiscales, letrados de la administración de justicia y funcionarios precisarán a partir de enero de una doble pantalla para poder acceder al sistema y consultar cada expediente a la vez. También se han instalado proyectores en las salas de vistas para que el procedimiento pueda ser seguido por todas las partes.

García Rivas sostiene que este paso supondrá un «ahorro de espacio y de consumibles» para la administración, además de una mayor «seguridad jurídica». Aunque reconoce que «el arranque será complicado», sostiene que la eliminación del papel supondrá una gran ventaja para todos los implicados en el procedimiento, que se ahorrarán viajes al juzgado.

Optimismo no compartido

El optimismo del secretario de Gobierno no es compartido, sin embargo, por todos los miembros de la administración y la gran mayoría no esconden su preocupación por el cambio que traerá el nuevo año. El juez decano de Murcia y magistrado titular del juzgado de Primera Instancia número 12 de Murcia, Lorenzo Hernando, reconoce que apenas diez días antes de la entrada en vigor del reto 'papel cero' «no sabemos exactamente qué va a pasar», pero se muestra convencido de que el 1 de enero «desde luego papel cero no va a haber».

Según explica, se instaló en los ordenadores un programa para visualizar los expedientes judiciales que permite a los magistrados acceder a cada asunto. Aún quedan, no obstante, por perfilar algunos flecos que impedirán que el 1 de enero este sistema pueda estar operativo y dispuesto a acabar con el papel. Una de las sugerencias que los magistrados han realizado es que las páginas de los procedimientos puedan ser leídas como en un libro digital, pasando las hojas con un simple movimiento de dedo. «Es más cómodo y técnicamente se podría hacer», recalca Hernando. El juez decano asegura que también han sugerido que las fotografías de los procedimientos puedan ser vistas en color. «El otro día vimos un tema de daños de tráfico y en blanco y negro era imposible saber si el automóvil estaba o no dañado».

El teniente fiscal de la comunidad, José Francisco Sánchez Lucerga, subraya la importancia de un índice, que por el momento no existe, que permita navegar por las diferentes partes de procedimientos que, en ocasiones, sobrepasan los miles de folios.

El grueso de la cuestión se encuentra, sin embargo, en otros problemas. Uno de ellos es la falta de un sistema de alertas que avise a los magistrados y fiscales de la situación procesal de cada asunto. El otro es la firma digital, un requisito ineludible para que los jueces y fiscales puedan suscribir sus resoluciones.

A la espera de que estos avances se produzcan, la eliminación absoluta del papel se retrasará hasta el próximo 7 de julio. Mientras tanto, los juzgados entrarán de lleno en lo que el Ministerio considera el nivel básico e intermedio de este avance.

De este modo, todas las comunicaciones entre los jueces y los profesionales de la justicia serán digitales, vía Lexnet y, además, los órganos judiciales deberán también comunicarse entre ellos de forma electrónica. Esto supone que cuando un ciudadano presente una denuncia o una querella, ésta deberá ser digitalizada para su reparto al juzgado que proceda.

Pese al importante avance, los juzgados se sumirán estos meses en una situación un tanto extraña. Todos los profesionales de la Justicia, colegios profesionales y colectivos vinculados a la administración deben comenzar a presentar sus documentos de forma telemática, pero, dado que los tribunales aún no están preparados para completar el proceso, éstos deberán imprimir todos esos trámites para seguir trabajando del mismo modo hasta que en julio el cambio alcance toda su plenitud. Además, toda esa documentación que no entre todavía digitalizada deberá ser escaneada en el juzgado.

Las cuatro asociaciones de jueces alertaron hace una semana de esta situación en un comunicado conjunto en el que reclamaron un Pacto de Estado de Justicia y exigieron que se aúnen los sistemas informáticos de las diferentes comunidades y se destinen más medios al objetivo 'papel cero'. «Sabemos perfectamente que el 1 de enero va a continuar el papel en los juzgados», recalcó el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, «lo que vamos a tener es que los profesionales presentarán telemáticamente sus asuntos, pero éstos se van a tener que imprimir en los juzgados».

El secretario de Gobierno reconoce que esta situación acarreará más trabajo, pero sostiene que cada día llegan a los juzgados de Primera Instancia una media de entre 25 y 40 demandas, lo que supone «unas dos demandas para imprimir por funcionario, lo que no es mucho». De acuerdo con los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el tercer trimestre de este año cada órgano judicial de la Región ingresó una media de 425 asuntos, lo que supone cerca de siete casos por cada día laborable.

«La impresora no para»

El horizonte que se perfila a partir de enero para todos los juzgados de la Región es el mismo al que ya se viene enfrentando el Servicio Común de Ordenación del Procedimiento (SCOP) civil de Murcia desde mayo, cuando esta jurisdicción se integró en la nueva Oficina Judicial. María José Barceló, directora del servicio, explica que cada mañana los profesionales que integran este órgano deben acceder al sistema telemático e imprimir todos los documentos que reciben de las catorce unidades de apoyo procesal directo (Upad) -una especie de juzgados-. Las mesas de esta sede, que debían traer la 'revolución digital' a la Justicia murciana, siguen ofreciendo por tanto la estampa habitual. Montañas de asuntos que aguardan una respuesta. «Esta labor es un absurdo para nosotros y para la administración de Justicia», recalca. Supone, además, una labor ingente que, asegura Barceló, les resta tiempo para realizar otras funciones. «Te podrías pasar toda la mañana imprimiendo», recalca Barceló. «Es un trabajo mecánico añadido a lo que es nuestro trabajo».

El juez decano sostiene que este 'impasse' supondrá un «gasto de papel y de tiempo» y que será necesario destinar «a una o dos personas solo a imprimir». Hernando no esconde, además, su preocupación por que esta forma de operar suponga una «ralentización» de la respuesta judicial. «Vamos a tardar bastante más en poner la resolución», alerta.

Gertrudis Peñalver, coordinadora del sector Justicia de Comisiones Obreras, explica que su sindicato apuesta por la modernización de la administración, pero reprocha al Ministerio algunos fallos en la implantación de este cambio. Pone el énfasis en «los múltiples fallos informáticos , la dificultad que supone la digitalización de libros y documentos de mucha extensión» y el «desbarajuste» que supone trabajar con dos sistemas diferentes -el digital y el tradicional- que coexisten.

El teniente fiscal, José Francisco Sánchez Lucerga, recalca que la eliminación del papel en los tribunales «es una realidad que debe imponerse», pero muestra su «preocupación» sobre que este cambio pueda acarrear disfunciones que supongan una vulneración de los derechos de los ciudadanos. «La filosofía es necesaria y voluntaria, pero el principio va a costar».

El secretario de Gobierno del TSJ defiende, sin embargo, que ésta «será una carga adicional de trabajo temporal» y recalca que la decisión del Ministerio de comenzar a aplicar en enero las primeras fases de este programa, pese a que no está completado, es «adecuada». García Rivas sostiene que «no se ha entrado de golpe para que no se encuentren disfunciones», y se muestra convencido de que el papel acabará desapareciendo de los juzgados.