El TC tumba el recurso del Gobierno regional sobre las renovables

El Tribunal Constitucional TC) ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno murciano contra varias disposiciones del Real Decreto-Ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptaron medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico. Los preceptos impugnados del citado Real Decreto-Ley establecían los principios generales sobre los que se basaba el nuevo marco retributivo de las energías renovables, que se aplica desde julio de 2013 y que suponía una reducción en las subvenciones otorgadas a los productores, y la rentabilidad razonable para las instalaciones durante el primer periodo regulatorio.

En su resolución, el Tribunal Constitucional valida, por tanto, los principios del nuevo marco retributivo para las energías renovables, que fueron desarrollados por el Gobierno de la Nación como parte de la reforma eléctrica.

El pronunciamiento del Tribunal Constitucional desestimando el recurso del Ejecutivo murciano frente a la reforma de renovables «sentará probablemente el criterio en los sucesivos recursos en este ámbito, avalando así la reforma eléctrica llevada a cabo por el Gobierno en esta legislatura», señala el Ministerio de Industria en un comunicado emitido ayer.

Para la Comunidad Autónoma, la reforma impulsada por el Ministerio en relación con las energías renovables vulneró «el principio de seguridad jurídica, pues no garantiza la rentabilidad razonable a unas inversiones en instalaciones de energías renovables, especialmente las fotovoltaicas». Además, señaló que las propuestas se vincularon a nuevos parámetros externos al sector eléctrico, ya que la rentabilidad se enlazó con el coste del endeudamiento del Estado (Bono a 10 años). Para el Gobierno murciano, esas modificaciones «vendrían además a estar en contra de la transposición de la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo, al poner trabas al desarrollo de las energías renovables».

Ahora, el TC rechaza con su fallo esos argumentos y avala la reforma legal del Ejecutivo central.

Sin embargo, algunos propietarios de instalaciones de renovables recurrieron en su día ante el Tribunal Supremo en contra de los mismos preceptos, alegando que «podían vulnerar los límites de la retroactividad de las normas y los principios de seguridad jurídica y confianza legítima, y solicitaron del Alto Tribunal que planteara una cuestión de inconstitucionalidad».

Este periódico publicó ayer que la Sala Tercera del Supremo ya ha expresado su voluntad de plantear una cuestión de inconstitucionalidad, y ha reclamado a los 400 demandantes y a la Fiscalía que expongan su posición al respecto.