El Supremo duda de que el recorte a las renovables sea constitucional

La herencia energética de la legislatura puede dejar un regalo envenenado al nuevo Gobierno. El Tribunal Supremo ha lanzado una bomba contra la regulación energética un día después de las elecciones al poner en duda la constitucionalidad de los recortes que el Ministerio de Industria aprobó en 2013 en la retribución de las energías renovables. Se trata de miles de millones que se podrían encontrar en un limbo jurídico, a la espera de que el Constitucional se pronuncie si el Alto Tribunal se decide a plantear esta procedimiento judicial. Entre los afectados se encuentran numerosos inversores de la Región.

La Sala Tercera del Supremo ha planteado a los 400 inversores que recurrieron la reforma eléctrica (fundamentalmente, empresas) y a la Fiscalía que expongan cuáles son sus razonamientos ante la «procedencia de plantear una cuestión sobre la inconstitucionalidad» de esta normativa. Abre la puerta a reconocer que se podrían haber vulnerado los principios de seguridad jurídica y de confianza del artículo 9.3 de la norma fundamental, así como los límites de la retroactividad.

Con la reforma eléctrica se cambió el sistema de precios fijados para las energías de régimen especial (renovables, cogeneración y residuos) con el que se retribuía este tipo de instalaciones. La alternativa fue un sistema en el que se aplicaba una 'retribución razonable' máxima del 7,4%, aunque el Ministerio de Industria tendría en cuenta la inversión realizada, la vida útil de las plantas y su número de horas de funcionamiento para reducir esa cifra. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia calculó que el recorte suponía un impacto para las empresas de 1.700 millones. Pero el Gobierno siempre argumentó que esa reducción era indispensable para acabar con el déficit eléctrico, como ha sucedido en 2014, cuando se generó un superávit de 550 millones.

Estos cambios provocaron la aparición de toda una serie de problemas para el Ministerio, instigado por muchas de las compañías del sector, sobre todo internacionales. Hasta 15 grandes inversores extranjeros han planteado una demanda ante la Corte Internacional de Arbitraje por el nuevo sistema de primas, al considerar que les perjudicaban por los menores precios y la retroactividad de la norma: habían invertido con unos precios y, al final, les remuneraban con otros menores. Ante la posibilidad de que ganaran el pleito internacional, el ministro de Industria, José Manuel Soria, indicó en una entrevista reciente a este diario que «el coste de esa demanda sería, en cualquier caso, infinitamente menor al impacto que ha supuesto la reducción de compromisos del sistema eléctrico» en los últimos años, desde que se aprobó la reforma.

Posibles errores

Sin embargo, el Supremo ha señalado directamente los posibles errores de la ley de reforma energética. Uno, el relacionado con la retroactividad «al poder vulnerar los límites» de esta norma y los principios de seguridad jurídica que la rigen. Además, cuestiona las disposiciones incluidas en la ley con las que se fijaba un régimen transitorio con respecto al sistema anterior. Este periodo habría generado «un periodo de incertidumbre» en el que «las empresas quedan abocadas a desarrollar su actividad sin conocer el régimen jurídico y retributivo que se les va a aplicar». De hecho, para calcular esa 'retribución razonable', las empresas interesadas necesitaban unos parámetros de inversión que tardaron meses en publicarse.

En la misma providencia la Sala de lo Contencioso Administrativo indicaba que este proceso se iniciaba sin perjuicio de lo que más adelante pueda acordarse sobre un planteamiento de cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La reforma eléctrica tiene otros frentes judiciales abiertos a cuenta de las consultoras que asesoraron al Ejecutivo a la hora de afrontar estos cambios en el sistema. Industria justificó desde un primer momento que el hachazo a las renovables se basaba en los cálculos que le habían proporcionado dos compañías «independientes»: Boston Consulting Group y Roland Berger. Después de la reforma se conoció que la primera de ellas presentó su informe sobre las retribuciones a las plantas limpias un año después de que se aprobara la ley; y la segunda fue apartada del proceso por dejación de funciones.

Durante 2015, las energías renovables han aportado al sistema eléctrico un 37,3%, de media, en especial las eólicas (un 18,9%), seguida por las hidroeléctricas (un 11,1%). El peso de las primas a las renovables en la factura del próximo año alcanzará el 15,8% del total, una cantidad similar a la de este ejercicio.