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La ministra Isabel García Tejerina posa en Lorca, donde clausuró ayer la feria de la Sepor. ::
«Sería una irresponsabilidad enorme romper los acuerdos alcanzados sobre el agua»

«Sería una irresponsabilidad enorme romper los acuerdos alcanzados sobre el agua»

Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Manuel Buitrago

Miércoles, 18 de noviembre 2015, 11:39

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Isabel García Tejerina no deja margen de duda con su apuesta y la del PP por la continuidad del Trasvase Tajo-Segura, frente a la indefinición de otros partidos. Considera que el acueducto es «estratégico e imprescindible». En la primera entrevista a fondo sobre el agua que concede, la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente cree que se debe respetar el acuerdo alcanzado sobre el acueducto y los planes de cuenca. Advierte de que romper esos acuerdos «sería de una enorme irresponsabilidad», en alusión a algunas comunidades gobernadas por el PSOE. García Tejerina, que clausuró ayer la Sepor de Lorca, señala que también hay que integrar la desalación en el sistema. Espera que las obras para regenerar la bahía de Portmán empiecen antes de que termine el año, y subraya el compromiso del Ministerio para recuperar el Mar Menor.

-¿Qué propuesta tiene el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente [el Gobierno central] para resolver el déficit estructural de la cuenca del Segura? ¿Trasvases, desalinización, modernización, intercambio de derechos..?

-Este Gobierno ha apostado, desde el primer día, por una política del agua solvente y solidaria, basada en una planificación rigurosa, una gestión eficiente y el diálogo con todas las partes implicadas. Sin planificación hidrológica, sencillamente no es posible hacer política del agua. Los planes de cuenca, que debían haber estado listos en 2009 y que hemos aprobado en esta legislatura, son los que nos han permitido conocer todas las necesidades y los recursos disponibles, e identificar, en su caso, los déficits locales existentes.

-¿Será una combinación de todas?

-La propia planificación, en concreto, el Plan de la Demarcación del Segura, establece que la solución para las cuencas deficitarias es combinada, sin excluir ninguna alternativa. El nuevo Plan del Segura reduce en 80 hm3 el déficit de la cuenca, gracias a la incorporación de recursos no convencionales y a la modernización de regadíos, al tiempo que incrementa la protección ambiental. Pero, además, incluye nuevas infraestructuras muy importantes para dar garantía de suministro, como el recrecimiento de Camarillas, la presa de Lébor y la de las Moreras. Se trata de asegurar una gestión integrada de todos los recursos hídricos, respetuosa con la Directiva Marco del Agua. Ahora que hemos aprobado los planes, contamos con los datos necesarios para llevar a cabo esa gestión, atender las demandas en las cuencas deficitarias y evitar sobreexplotaciones de determinados recursos, dotando de estabilidad y solvencia financiera al conjunto del sistema español de gestión del agua.

-¿Apuesta usted, el PP, por la continuidad del Trasvase Tajo-Segura, en las condiciones actuales?

-El agua, en cantidad y calidad suficientes para todos los usos, es fuente de desarrollo y crecimiento. Creemos que, en todos los ámbitos, y desde luego en materia de agua, hay que garantizar la mejor gestión de los recursos, ejecutar las infraestructuras necesarias y, desde luego, buscar acuerdos válidos para todos. Acuerdos que permiten aunar intereses y compartir la fuente de riqueza ambiental y económica que nos proporciona el agua. El Gobierno ha demostrado que es posible; que el agua puede y deber ser un ámbito de entendimiento. Y que, con ello, bajo una perspectiva integradora y de solidaridad inter territorial, ganamos todos. Es el caso del acuerdo Tajo-Segura.

-¿Debe seguir funcionando este acueducto?

-El acuerdo sobre el Tajo-Segura lo suscribieron Murcia, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura y Madrid; y da seguridad jurídica, transparencia y estabilidad al funcionamiento del acueducto. Es una infraestructura que funciona desde 1979 y que es imprescindible para el Levante español. Garantiza el abastecimiento de agua a 2,5 millones de personas de Murcia, Alicante y Almería, además del suministro de riego a 150.000 hectáreas de cultivos de alto valor añadido. Es decir, el trasvase es estratégico para el bienestar y la calidad de vida de muchísimas personas, para el desarrollo socioeconómico y para el empleo. Por eso, no solo no cuestionamos su continuidad, sino que hemos reforzado la eficacia de su funcionamiento, estableciendo reglas claras que dan seguridad a la cuenca cedente y tranquilidad a los usuarios del trasvase. Las garantías quedan establecidas por ley, y todo el mundo gana.

«Buscamos soluciones»

-Los planes de cuenca recientemente aprobados muestran que hay caudales suficientes en todas las cuencas menos en la del Segura y Júcar. En el caso del Ebro, su propia demarcación señala en la Memoria del plan que se ha vertido una media de 9.200 hectómetros anuales en el mar. ¿Se puede plantear de nuevo el trasvase del Ebro?

-Gracias a los planes hidrológicos que hemos aprobado, y que han supuesto un enorme esfuerzo, hoy sabemos cuáles son las necesidades y los recursos, qué déficits hay que atender, y cuáles son las medidas adecuadas para llevar a cabo una gestión integrada. Es en este marco en el que hay que plantear y analizar todas las posibles soluciones, que deben ser viables y sostenibles, tanto desde un punto de vista técnico como jurídico, económico y medio ambiental, siempre dentro de la Directiva del Agua. Por tanto, la toma de decisiones en este ámbito debe partir de los estudios que incorporan los planes de cuenca, que son los que permitirán avalar la viabilidad de cualquier alternativa que se ponga sobre la mesa. Ahora, que tenemos, además -y también tras mucho esfuerzo-, un presupuesto saneado y ordenado, estamos en condiciones de buscar las soluciones más adecuadas, siempre con rigor y con diálogo.

-¿Con las mayorías absolutas que ha tenido el PP a nivel nacional y en muchas comunidades autónomas, cree que se ha perdido una oportunidad importante para haber solucionado el déficit y realizado una nueva planificación?

-No hemos perdido ni una sola oportunidad de avanzar. En estos años hemos hecho el trabajo de los ocho anteriores en materia de planificación hidrológica, que es la base de una política de agua seria y realista; hemos impulsado infraestructuras muy necesarias; hemos logrado grandes acuerdos. Y conviene recordar que estamos cerrando el segundo ciclo de planificación, es decir, la revisión de los planes de cuenca, con un altísimo grado de consenso. En las recientes reuniones del Consejo Nacional del Agua, los planes se aprobaron, en el peor de los casos, con un 80% de los votos a favor. Se trata de lograr acuerdos, de que las políticas se compartan con el mayor grado de consenso posible, no de imponerlas. El Gobierno ha demostrado que ese es el camino que practica el PP.

-¿Cree que el PP tendrá enfrente a los gobiernos regionales dirigidos por el PSOE en Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura y Andalucía?

-Los planes de cuenca del segundo ciclo, que marcan las pautas de la política del agua hasta 2021 y las líneas estratégicas a seguir hasta 2027, van a salir adelante, como le decía, con un grado de consenso que no se había alcanzado nunca antes. Y esto se debe a la actitud responsable de los usuarios y de la mayoría de las comunidades autónomas. Romper esos acuerdos, alcanzados después de años de conflictos e incertidumbres, sería una enorme irresponsabilidad. Después de esta legislatura, renunciar a una gestión del agua transparente, solidaria y sostenible, y volver a la confrontación, ya no es una opción para España.

-¿Si siguen en el Gobierno central lo tendrán más complicado para entenderse con estas comunidades en materia de agua? ¿A qué acuerdos pueden llegar?

-Hay que tener presente que con esos acuerdos sacamos adelante unos planes hidrológicos que no solo nos permiten cumplir nuestros compromisos con la UE. Son, además, el reflejo de la apuesta del conjunto de la sociedad española por avanzar hacia el equilibrio entre la atención de las demandas socio-económicas y la satisfacción de los objetivos ambientales. Que es, sin duda, el aspecto más complejo de la política española del agua. Disponemos ahora de una hoja de ruta que nos marca el camino a seguir en los próximos diez años. Un camino construido desde el rigor técnico, la colaboración y el consenso. Que debemos seguir recorriendo para avanzar, juntos, en la gestión eficaz y sostenible del agua en nuestro país, dejando atrás los conflictos pasados.

Abaratar la desalación

-Llegaron a un acuerdo -el primero de este tipo- para reducir el precio de 30 hectómetros de agua desalinizada mientras dure la sequía. La vicepresidenta dijo en Murcia que el Gobierno trabaja en la mejora estructural del precio del agua desalada ¿Es posible hacerlo?

-No tenga ninguna duda de que estamos haciendo todo lo posible para poner agua a disposición de los regantes en las mejores condiciones y al mejor precio posible, dentro de lo establecido en la Directiva del Agua. Hemos trabajado mucho para poner en marcha la desalación en España. Solo en la cuenca del Segura, hemos pasado de una producción mínima a finales de 2011, a una producción de 42,1 hm3 en el año hidrológico 2013-2014, y de 58,8 hm3 en ejercicio 2014-2015. En el año hidrológico 2015-2016, tendremos, como mínimo, una producción de 96,2 hm3. Además, hemos tomado medidas para que, en esta época de sequía extrema, en la que los regantes dependen en mayor medida de las desaladoras, este agua les cueste lo menos posible. Se trata de medidas coyunturales para un momento de sequía excepcional. Pero para resolver de forma estructural, y satisfactoria para todos, la incorporación del agua desalada, es necesario hacer compatible el uso del agua desalada, más cara, con el del agua superficial o subterránea, que tiene menores costes de producción.

-¿Lo permite la Directiva Marco de Agua de la UE, que exige la recuperación total de costes?

-Nuestra apuesta pasa, como le decía antes, por una gestión integrada de los recursos hídricos, dentro del marco de la planificación y de acuerdo con la Directiva del Agua. Además, en paralelo, es necesario fomentar la incorporación de nuevas tecnologías, que permitan reducir el consumo de energía de las plantas desaladoras y, con ello, rebajar los costes que asumen los usuarios.

-¿Están restringidos los intercambios de derechos entre usuarios? Algunas comunidades autónomas se oponen porque creen que son trasvases encubiertos.

-Las cesiones de derechos, tanto dentro de la propia cuenca como entre diferentes cuencas, estaban ya contemplados en la Ley de Aguas. Lo que hemos hecho con la modificación de la normativa reguladora del Trasvase Tajo-Segura ha sido facilitar su tramitación administrativa. Por supuesto, se trata de una medida puntual, no de que un usuario ceda sistemáticamente agua que necesita para regar. Un agua que, sin embargo, es muy importante en periodos de sequía como la que están sufriendo las cuencas del Júcar y del Segura.

-¿Cree que debería ser una fórmula más utilizada y accesible?

-Estas cesiones no tienen nada que ver con los trasvases. Lo que se cede es un agua que ya está asignada a un determinado usuario, que la va a dejar de utilizar en sus fincas para que se use en otras. Es decir, no se trata de que haya un excedente en la cuenca que se vaya a trasvasar, sino que, de forma temporal, un usuario renuncia voluntariamente a usar el agua, a la que tiene derecho pero que no necesita, para que la use otro. Una renuncia coyuntural basada en la solidaridad entre usuarios.

-¿Ha llegado la hora para regenerar la bahía de Portmán? ¿El proyecto no tiene marcha atrás, después de tantas vicisitudes?

-Ha llegado la hora de regenerar la bahía de Portmán, para dar respuesta a una demanda histórica. Han sido muchas las vicisitudes, sí, pero el Gobierno ha mantenido su compromiso desde el principio de la Legislatura. Por eso, hemos licitado la ejecución del proyecto este año, con un importe de 60 millones de euros y un plazo de ejecución de 46 meses. Y se ha incluido la necesaria dotación, de 6 millones de euros, en los Presupuestos Generales del Estado para 2016. Tras la valoración técnica de las ofertas, este mismo jueves se ha procedido a la apertura económica. Por tanto, la adjudicación de la obra se efectuará en próximas fechas y esperamos que se inicien los trabajos antes de final de año.

-¿Qué nivel de compromiso tiene el Gobierno para atajar la degradación del Mar Menor?

-El compromiso del Ministerio con la recuperación de los valores naturales del Mar Menor es absoluto. Si hay un espacio natural necesitado de un marco estable de colaboración y coordinación entre administraciones, ese es el Mar Menor. Por ello, se firmó el Protocolo entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la Comunidad Autónoma sobre Gestión Integrada del Mar Menor. Se trata de llevar a cabo una planificación y concertación de políticas en materia de aguas y costas, ordenación del territorio, planificación del espacio marino y protección del medio ambiente. El mes pasado, se reunió la Comisión Mixta de Seguimiento, a la que asistieron el presidente de Murcia, el secretario de Estado de Medio Ambiente y todos los alcaldes implicados, con el objetivo de poner en marcha la Estrategia de Gestión Integrada, basada en una coordinación adecuada a nivel nacional, regional y local.

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