Secretario municipal, profesión de riesgo

David Re, presidente del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Región./
David Re, presidente del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Región.

Precisan unos dos años para sacar la oposición y son la autoridad legal municipal, lo que no ha librado a varios de acabar imputados. El colectivo está formado en la Región por 63 profesionales, entre los que figuran también los interventores, y su principal preocupación es la sobrecarga de trabajo

JULIÁN MOLLEJOMurcia

Representan la autoridad legal independiente en los ayuntamientos. Son los que asesoran para que todos los procedimientos y decisiones municipales se atengan a la ley y los que dan fe de las actas de los plenos y de los acuerdos que alcanza la corporación. Su figura es trascendental en el funcionamiento de las administraciones locales, ante el ir y venir de los políticos electos en cada legislatura. Aunque a veces se han excedido en sus responsabilidades, o las han eludido, y han acabado en el pozo de los casos de supuesta corrupción, junto a los políticos a los que deberían haber parado los pies, que han estigmatizado a numerosos municipios de la Región.

El secretario municipal de Puerto Lumbreras, imputado en el 'caso Auditorio', ha sido el último de su profesión que ha pasado por los tribunales de la Región. Pero antes que él, otros con el mismo cargo en municipios como Cieza, Ceutí, Librilla, Totana y Aledo han tenido también problemas con la justicia. Otro caso relacionado con este grupo de profesionales, el nombramiento del interventor accidental de Torre Pacheco, ha llegado también a los tribunales y amenaza la estabilidad del Gobierno regional a causa de la imputación de la alcaldesa popular del municipio.

Son los funcionarios de la administración local con habilitación de carácter nacional. Tal es el nombre que agrupa a los secretarios e interventores municipales, cuya figura está regulada por la legislación estatal y cuyos puestos se cubren mediante oposiciones de carácter nacional, precisamente para salvaguardar su independencia ante el poder político municipal.

El colectivo está compuesto en la Región de Murcia por 63 profesionales, de los que la mayoría, 44, están en la categoría de secretario-interventor para municipios de menos de 5.000 habitantes. Los municipios de entre 5.000 y 20.000 habitantes disponen de un secretario de entrada y de un interventor-tesorero de entrada, de los que hay 7 y 3 en la Región, respectivamente, mientras que la categoría superior la componen los secretarios (5) e interventores-tesoreros (4) de los municipios de más de 20.000 habitantes. Estos últimos son los encargados del control y fiscalización interna de la gestión económica, financiera y presupuestaria de los ayuntamientos.

A pesar de los problemas judiciales de algunos de sus compañeros, para todos ellos la principal preocupación no es esta, sino el exceso de trabajo, según comenta el presidente del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (Cosital) de la Región de Murcia, David Re Soriano, secretario en el Ayuntamiento de Alhama.

«Tratamos de realizar nuestra actividad de la forma más correcta posible y siempre conforme a la legalidad», señala Re Soriano. «El problema radica en la falta de recursos materiales y personales que padecen muchos ayuntamientos, y que obligan a tramitar cada vez más asuntos y expedientes con menos recursos. Al final lo que ocurre es que en vez de poder estudiar un asunto o expediente adecuadamente (por ley tenemos diez días), no se dispone de tiempo y se cometen errores, pero no ilegalidades», agrega.

Presiones políticas

El presidente regional de Cosital admite que, a veces, los secretarios reciben presiones políticas para dar el visto bueno a expedientes de dudosa legalidad, pero niega que sea la tónica general. «Depende de cada ayuntamiento y de las personas que gobiernen. Hay muchos ayuntamientos con políticos muy serios y responsables que te dejan trabajar y se dejan asesorar correctamente, y ayuntamientos en los que muchos compañeros han tenido que salir corriendo», comenta David Re.

Para ser secretario o interventor municipal la ley exige actualmente disponer de las licenciaturas en Derecho o Económicas, o bien las diplomaturas en Trabajo Social, Ciencias Políticas o Empresariales, y se necesita de media unos dos años de estudio para sacar la oposición. Existe un concurso unitario de carácter nacional, cuya convocatoria no tiene una periodicidad fija, que permite a los que lo superan elegir entre las plazas vacantes dentro de su categoría, aunque también se pueden convocar concursos ordinarios y específicos para cada ayuntamiento y hasta se permite la la libre designación en unas circunstancias especiales y para municipios de gran población.

Dada la frecuencia con que los puestos quedan vacantes por enfermedad, vacaciones o baja permanente, también se dan los nombramientos provisionales, interinos o accidentales, cuya competencia recae en la Comunidad Autónoma. Los alcaldes pueden nombrarlos solo en los casos de bajas de menos de tres meses, y siempre que exista un informe previo favorable de la Comunidad.

La principal demanda del colectivo es la falta de medios, tanto personales como materiales, para desarrollar adecuadamente su función. «Hay una sobrecarga masiva de trabajo que dificulta mucho el día a día», señala David Re, quien explica que los interventores «están saturados con el envío de información a ministerios, comunidades autónomas y Tribunal de Cuentas, además del control del gasto municipal».