Extranjería deja sin papeles ni sanidad a una anciana convaleciente de un infarto

La madre de Sandra es uruguaya, tiene 73 años y se recupera de un infarto del que salió con vida gracias a un cateterismo. Fue atendida de urgencia en el Morales Meseguer el pasado 15 de abril, y del trato recibido, la familia solo guarda buenas palabras. Tres días después de salir del hospital, la anciana acudió a su centro de salud, en Molina de Segura. Su enfermedad cardíaca le obliga a someterse a revisiones con el especialista, a tomar anticoagulantes y a cumplir con un estrecho seguimiento en Atención Primaria. Pero, para su sorpresa, se encontró con que se había quedado sin tarjeta sanitaria y con que la administrativa del centro le ponía delante el convenio que el Ministerio de Sanidad ideó tras la reforma de 2012 para los inmigrantes que pierden el derecho a acceder al sistema. Si quería que la sanidad pública le atendiese de su infarto y del resto de achaques que sufre, la madre de Sandra debía pagar 157 euros al mes. Como no firmó, la alternativa que le plantearon fue una factura de 90 euros por la consulta con el médico de familia.

'La Verdad' se hizo eco el pasado mes de junio de esta historia. Los padres de Sandra viven en Molina de Segura desde 2009 y cuentan con permiso de residencia desde 2013 por reagrupamiento familiar, ya que sus dos hijos trabajan en la Región y tienen la nacionalidad española.

La reforma aprobada por el Gobierno central en 2012 dejó sin tarjeta sanitaria a los extranjeros que consiguen la residencia legal en España por la vía de la reagrupación, y de hecho estableció como requisito para obtener esa residencia la firma de un seguro privado. Los padres de Sandra consiguieron la reagrupación con esta reforma ya en vigor gracias a que presentaron un seguro privado que poco después quedó extinguido, porque la compañía finalmente rechazó asegurarles. «Para personas como mi madre, tan mayores, no hay posibilidad de que un seguro las acepte», cuenta Sandra. En cualquier caso, la familia tampoco tenía dinero paga pagar, admite.

Hasta que sufrió el infarto, la madre de Sandra no había tenido problemas para acudir a la sanidad pública. Era atendida como enferma crónica y visitaba regularmente a su médico de familia en su centro de salud de Molina de Segura. Pero tras salir del Morales Meseguer y volver a su consultorio, en abril, se encontró con que ya no estaba asignada a su médico y con que le ponían una factura de 90 euros delante. Cuando la mujer reaccionó solicitando al Servicio Murciano de Salud (SMS) que se le permitiese el acceso al sistema sanitario por ser enferma crónica, Sanidad consultó con Extranjería, que ha iniciado un procedimiento para retirarle el permiso de residencia por incumplir la ley de 2012.

«Se ha tenido conocimiento de su solicitud del derecho a la asistencia sanitaria con cargo a los fondos públicos, circunstancia que supondría el quebranto del requisito de seguro médico», advierte la Oficina de Extranjería en una carta enviada a la anciana el pasado 16 de junio. La Jefa de la Oficina, Nuria Nicolás, le conmina a que presente las alegaciones oportunas antes de «la extinción de su actual derecho de residencia». Cuatro días más tarde, los padres de Sandra recibieron otra carta, en este caso del recientemente cesado subdirector general de Asistencia Primaria, Juan Francisco Martínez, en la que, apoyándose en el criterio de Extranjería, se rechaza la petición de acceso a la sanidad porque «ambos están obligados a mantener un seguro de enfermedad que se haga cargo de sus patologías o las que se presenten en un futuro». El exsubdirector de Asistencia Primaria les recuerda que pueden firmar el convenio especial creado por el Ministerio, de 157 euros al mes, que en todo caso no cubre las recetas.

«En Uruguay estarían solos»

«¿Cómo vamos a pagar eso si yo tengo un sueldo de 310 euros al mes, cuidando niños, mi padre una pensión de 600 euros y mi madre no tiene ingresos?», clama Sandra. «Les empujan a volverse a Uruguay, lejos de sus hijos y sus nietos, solos y sin una casa para vivir», se lamenta entre lágrimas. «De momento, estamos pagando 70 euros al mes en medicamentos, porque los anticoagulantes son carísimos», explica.

La legislación plantea una disyuntiva de difícil comprensión: la única posibilidad de que la anciana tenga acceso a la sanidad pública -más allá de la atención de Urgencias- es precisamente perder el permiso de residencia, porque solo entonces el Servicio Murciano de Salud aplicaría una instrucción aprobada en 2014 que garantiza la asistencia a los inmigrantes irregulares que padecen alguna enfermedad crónica. Así lo admite el exsubdirector general de Asistencia Sanitaria, Juan Francisco Martínez, en la carta enviada a la familia.

«Las administraciones han generado una situación sin sentido: o pierde el permiso de residencia o no podrá tener asistencia sanitaria», resume Isabel López, abogada de la Asociación de Usuarios de la Sanidad, que se ha hecho cargo del caso. «Estamos valorando la respuesta jurídica, se trata de una cuestión de humanidad. Una persona que acaba de sufrir un infarto debería estar siendo atendida, es una barbaridad que no tenga acceso a un cardiólogo», advierte la letrada.