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La desaladora de Escombreras ocupa terrenos que cedió la Comunidad al Ente Público del Agua.
La Comunidad aún debe pagar 445,5 millones por la desaladora, más IPC

La Comunidad aún debe pagar 445,5 millones por la desaladora, más IPC

La Intervención tiene que aclarar si hay «indicios de responsabilidad contable» y calcular los daños al erario público

Manuel Buitrago

Lunes, 20 de julio 2015, 13:13

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En estos momentos, y según lo estipulado en el contrato de arrendamiento, la Administración regional (como responsable última) está obligada a pagar 445,5 millones de euros a los dueños de la desaladora de Escombreras. Para cada ejercicio, hasta el 2034, la deuda crecerá con la actualización del IPC, hasta sumar los 600 millones previstos inicialmente. Así se recoge en el informe de la Dirección de los Servicios Jurídicos de la Comunidad, que se hizo por encargo del Gobierno de Alberto Garre, al cual ha tenido acceso 'La Verdad'.

El informe, que fue presentado días antes de la toma de posesión de Sánchez, indica que hay que dar traslado del mismo a la Fiscalía del TSJ, así como de los dictámenes de la Intervención General «para que se incorporen a la diligencias de investigación», como viene publicando este diario. Desde entonces, el Ejecutivo no ha tomado una decisión, por lo que la Fiscalía envío a agentes de la Policía Judicial a la sede de la Consejería de Hacienda para requerir los expedientes.

La Dirección de los Servicios Jurídicos, a que a cuyo frente de encuentra Francisco Ferrer, también propuso que la Intervención General emita un informe especial si aprecia «la posible existencia de indicios de responsabilidad contable». Se basa en la descripción que hizo este departamento -dirigido por Eduardo Garro- sobre «el origen» de la desaladora. Es decir, en un segundo dictamen aclaratorio, la Intervención situó el origen del problema en «el diseño inicial de la operación formalizada en 2006, que implicaba unas obligaciones de pago superiores a la cifra de negocio que podía lograr la sociedad». Aquel año, el Gobierno regional, a través del recién creado Ente Público del Agua, realizó varios contratos con tres empresas del grupo ACS para el arrendamiento de la planta hasta el año 2034, con un desembolso final previsto de 600 millones de euros.

Puesto que fue la Intervención la que alertó de la inviabilidad de la desaladora y de las pérdidas de 13 millones de euros anuales, debe ser esta misma oficina la que determine el supuesto perjuicio económico para las arcas públicas. Existe una circular interna que prevé la emisión de informes especiales en el caso «de que se tengan noticias del posible alcance, malversación, daño o perjuicio para la Hacienda Pública regional».

Unas cuentas en entredicho

En lugar de disolver la sociedad, los administradores de la empresa pública Desaladora de Escombreras propusieron en marzo de este año una ampliación de capital de 24,5 millones de euros para equilibrar las cuentas hasta ese momento, lo cual no impedía que se siguieran generando pérdidas posteriormente. Los administradores lo sometieron a la consideración del «socio único» -que era el Ente Público del Agua en proceso de liquidación-, aunque el pago iba a cuenta de los presupuestos de la Comunidad Autónoma.

La propuesta de los administradores de ampliar el capital de la desaladora a costa de los contribuyentes fue expuesta verbalmente en el Consejo de Gobierno por la titular de Agricultura, Adela Martínez-Cachá, pero fue frenada de inmediato por el consejero de Presidencia, José Gabriel Ruiz, según ha podido saber este diario. El Ejecutivo pagó parte de los atrasos a Hydro Management, controlada por ACS, aunque todavía debe afrontar otros 11,5 millones de deuda. A esto se une el canon de este año, que también se debe, a razón de 1,1 millones de euros por mes.

La auditoría de las cuentas del año 2013 «no expresan la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la entidad», añaden los informes. Como viene publicando 'La Verdad', la carga que deben soportar las arcas públicas por la desaladora es tres veces superior a la del aeropuerto de Corvera, cuya apertura se sigue retrasando.

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