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Muro de la desaladora de Escombreras, que fue alquilada por el Ente Público del Agua.
Los Servicios Jurídicos preguntan si la desaladora perjudica al erario público

Los Servicios Jurídicos preguntan si la desaladora perjudica al erario público

El Gobierno regional aún no ha enviado los informes a la Fiscalía, como se le recomendó a raíz del dictamen de la Intervención General

Manuel Buitrago

Lunes, 20 de julio 2015, 13:13

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La Dirección de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma ha propuesto que se determine si se ha producido un perjuicio económico para la hacienda autonómica con la desaladora de Escombreras, a la vista del dictamen que hizo la Intervención General destacando que existen unas pérdidas anuales de 13 millones de euros y que la instalación es inviable, según ha podido saber 'La Verdad'. Los informes de la Intervención General y de la Dirección de los Servicios Jurídicos aportan más datos de la desalinizadora sobre los ya conocidos. La Intervención sitúa el origen del problema en la constitución, hace casi un decenio, del entramado societario que montó el Ente Público del Agua para suscribir un contrato de arrendamiento hasta el año 2034 con el grupo ACS y sus socios murcianos, y que le costará 600 millones de euros a las arcas autonómicas.

El Ejecutivo regional deberá dirigirse a la Intervención para que cuantifique el alcance de esos perjuicios, si los hay, para las arcas públicas, ya que es el organismo competente para ello.

Hasta el día ayer, el Gobierno regional -tanto el saliente como el entrante- no había enviado a la Fiscalía dichos informes y toda la documentación recabada por vía administrativa, como recomendó hace dos semanas la Dirección de los Servicios Jurídicos, que actuó por mandato del Ejecutivo de Alberto Garre, como viene publicando 'La Verdad'.

El origen del problema

Intervención General, que ha sido la instancia que ha desencadenado los acontecimientos a la vista de la sangría económica de la desaladora, elaboró dos informes, según ha podido saber esta Redacción. El departamento que dirige Eduardo Garro, dependiente de la Consejería de Hacienda, emitió un primer dictamen a finales de abril, que pasó por Registro, indicando que la planta es inviable y que había que disolver la sociedad pública Desaladora de Escombreras. El entonces consejero de Hacienda, Luis Martínez de Salas, informó al equipo de gobierno, que inmediatamente mostró su preocupación por el contenido. Pidió un segundo informe aclaratorio, que la Intervención elaboró y presentó a mediados de mayo, días antes de las elecciones autonómicas. Ese segundo expediente no fue para nada tranquilizador.

La Intervención se ratificó en su primer escrito y añadió varios puntos, en uno de los cuales puso el acento en el origen del problema: la constitución entre los años 2005 y 2006 del entramado societario y del contrato de arrendamiento entre el Ente Público del Agua -a través de la sociedad instrumental Hidronostrum- e Hydro Management, la propietaria de la desaladora (controlada por Cobra, del grupo ACS, y con una pequeña participación empresarial murciana). Dicho contrato contiene una cláusula penal, abusiva para los intereses generales.

Agua para los municipios

El Ente Público del Agua sostuvo que la desaladora sería rentable con la producción y venta de agua, aunque se trata de una instalación mediana de 21 hectómetros anuales. Su máxima producción hasta ahora es de 12 hectómetros, según la Consejería de Agricultura. Esta operación la impulsó el Gobierno de Valcárcel con el objetivo de darle autonomía hídrica a la Región, ya que los ayuntamientos no tenían garantizado en aquel momento, en la etapa de Rodríguez Zapatero, el suministro para sus desarrollos urbanísticos por parte del Ministerio.

El propio ente reconoció en el año 2013 que no podía seguir pagando. De hecho, no lo hizo, incumpliendo el contrato y enfrentándose a una denuncia de los propietarios que reclamaron el pago de 570 millones de euros en concepto de renta futura.

Con independencia de las diligencias que practica la Fiscalía, la pelota ha vuelto al tejado de la Intervención General, que deberá determinar si se han producido perjuicios al erario público. Esta indicación figura en el informe de la Dirección de los Servicios Jurídicos, a cuyo frente se encuentra Francisco Ferrer. Este departamento cumplió el encargo que le hizo el gobierno saliente de informar sobre las causas y proponer medidas, y recomendó que se trasladara toda la documentación a la Fiscalía del TSJ debido a que existen unas diligencias abiertas

Este paso lo pudo haber dado la Intervención, pero dirigió primero su escrito al Ejecutivo, que no tiene otra opción que poner en conocimiento del fiscal una actuación que se inició en los años 2005 y 2006.

¿Por qué ahora?

Las motivaciones que han llevado a la Intervención a actuar -en una situación financieramente insostenible para la Comunidad- se enmarcan en un contexto determinado. Por un lado los reiterados informes del Tribunal de Cuentas advirtiendo de que la desaladora es inviable, que está infrautilizada y causando pérdidas a las sociedades públicas creadas al efecto. Ante los dictámenes repetitivos durante varios años -que se nutrían a su vez de la información que le suministraba la propia Comunidad- la Intervención no ha tomado una posición activa hasta ahora, que se sepa públicamente.

Por otro lado, este hecho se produjo en la antesala de las elecciones autonómicas, con la incertidumbre sobre el resultado electoral. Además, en abril y mayo se conoció la intención de los partidos políticos de la oposición de solicitar una comisión de investigación sobre la desaladora. Por último, y dentro de este mismo escenario, está la imputación del exinterventor de la Junta de Andalucía en el caso de los ERE. Éste ha declarado ante el Tribunal Supremo que su departamento emitió informes en los que se pusieron de manifiesto las irregularidades, y que cumplió su obligación legal de control.

Han transcurrido casi dos semanas desde que la Dirección de los Servicios Jurídicos entregó su informe, sin que el Consejo de Gobierno haya decidido estudiarlo y enviarlo a la Fiscalía. Alberto Garre no lo hizo el viernes 26 de junio, en la que iba a ser la última reunión de su gabinete, que se anuló. Su equipo estaba en funciones y tres días después se celebró el Pleno de investidura de Pedro Antonio Sánchez. En el Consejo de Gobierno ordinario de ayer tampoco se trató el asunto porque no se incluyó en el orden del día.

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