El juez sostiene que el estadio solo sirvió de «señuelo» para el pelotazo de Samper

Jesús Samper y Miguel Ángel Cámara, en 2002, con la maqueta de la Nueva Condomina. /
Jesús Samper y Miguel Ángel Cámara, en 2002, con la maqueta de la Nueva Condomina.

El instructor del 'caso Umbra' procesa por prevaricación y uso de información privilegiada a Cámara y Samper y los coloca a un paso del banquillo

RICARDO FERNÁNDEZ

La construcción de un moderno estadio de fútbol, que viniera a sustituir a la vieja y obsoleta Condomina, fue solo el «señuelo» que el empresario Jesús Samper utilizó a partir de los primeros días de 1999, con la aparente aceptación e implicación del alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, para dar un pelotazo que le habría reportado un beneficio limpio estimado en 150 millones de euros. Una operación urbanística en la que la legalidad habría sido violentada de forma clamorosa en reiteradas ocasiones, presuntamente a instancias del primer edil -hoy en funciones y ya prácticamente fuera de la vida pública- y con la aparente colaboración de dos de los principales responsables de la Gerencia de Urbanismo de Murcia en aquella época: el director, Pedro Morillas, y el jefe de Planeamiento, Joaquín Peñalver.

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Tal es la cruda conclusión a la que ha llegado el magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia, David Castillejos, después de siete años investigando la rama principal de las cuatro que conforman el 'caso Umbra': la que se refiere al convenio urbanístico Nueva Condomina, que fue suscrito en el año 2001 entre el presidente del Real Murcia, Jesús Samper, y el alcalde de la ciudad, Miguel Ángel Cámara, y a todos los trámites administrativos que permitieron que ese proyecto acabara viendo la luz.

El juez considera que la instrucción de este procedimiento ha venido a consolidar sobradamente los indicios de delito contra Cámara, Samper, Morillas y Peñalver, por lo que ha dictado un auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado o PA -equivalente al auto de procesamiento-, que sitúa a estos cuatro acusados a un solo paso de sentarse en el banquillo.

Bastará con que alguna de las partes solicite la apertura de juicio y presente su escrito de calificación provisional, y parece evidente que así lo harán el Ministerio Público, representado por el Fiscal Anticorrupción, Juan Pablo lozano, y varias de las acusaciones particulares y populares personadas en el asunto.

Los delitos que el instructor les atribuye a los cuatro imputados son los de prevaricación, común a todos ellos, y el de uso de información privilegiada, que en este caso solo afecta a Cámara y Samper. En el hipotético caso de que acabaran siendo condenados, ninguno de ellos tendría que ingresar en prisión por el primero de los cargos, ya que la prevaricación solo está penada con inhabilitación especial para ocupar cargo o responsabilidad pública. Pero podría no ocurrir lo mismo con el segundo de los delitos atribuidos al alcalde en funciones y al presidente del club de fútbol, pues no en vano la información privilegiada puede llegar a ser castigada con hasta seis años de cárcel si se estima que causó un «grave daño a la causa pública o a un tercero».

En el origen de todo

El 'protocolo secreto'

El magistrado Castillejos relata en su auto de PA que Joaquín Samper desembarcó en Murcia en 1998, cuando un agente de su empresa Santa Mónica le contó que el Real Murcia, que entonces -como ahora- estaba en Segunda B, tenía apuros económicos y que podría hacerse con el mismo por una cantidad nada relevante.

A partir de ese momento, Samper habría utilizado el club de fútbol como «reclamo» o «señuelo» para impulsar un gran proyecto urbanístico en la zona norte del municipio, más allá de la autovía A7 con Alicante. Con el pretendido objetivo de construir un nuevo estadio deportivo que viniera a reemplazar a La Condomina, el empresario comenzó en apariencia a mantener contactos personales con el alcalde de la ciudad, Miguel Ángel Cámara, que cristalizaron en el llamado 'protocolo secreto' de 1999.

En este documento, denominado así porque no se le dio publicidad alguna, el primer edil del PP ya se comprometía a impulsar administrativamente «un proyecto residencial-dotacional de gran entidad», que debía proporcionarle a Samper los fondos suficientes para construir un campo de fútbol, un campo de golf y para garantizar que el Real Murcia se instalaría en la élite del fútbol profesional.

Ese protocolo se habría convertido, con el compromiso del alcalde, en una especie de 'cheque en blanco' que permitió a Samper adquirir una gran extensión de terreno no residencial -con préstamos de varias entidades bancarias, que entraron ya sin reservas en el proyecto-, pero que acabó siendo recalificado para permitirle construir unas 5.000 viviendas y un gran centro comercial.

Es en este punto donde se habría incurrido en ese presunto delito de información privilegiada, pues el empresario pudo adquirir unos terrenos con la garantía de su recalificación, en perjuicio de otros inversores que concurrieron a la compra del mismo suelo y que pensaban que nunca podría albergar viviendas.

Como estaba previsto, señala el juez, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) acabó siendo modificado para que los planes urbanísticos de Samper acabaran materializándose.

El control absoluto de la operación

Cámara controló el proyecto

Pese a que en su declaración como imputado, Miguel Ángel Cámara trató de arrojar sobre los técnicos municipales toda la responsabilidad de la tramitación urbanística, el instructor sostiene que fue el alcalde quien asumió desde el primer momento el control del proyecto, incluso desplazando por completo en un primer momento al entonces edil de Urbanismo, Ginés Navarro, y posteriormente apartándolo del cargo cuando mostró su oposición a los planes de Samper. «Se aprecia el conocimiento pleno de Miguel Ángel Cámara de todos los detalles y los contactos con Samper fuera de todo procedimiento, dando instrucciones a los responsables de Urbanismo incluso mucho antes de que los documentos oficiales llegaran a tal sede».

Con tales premisas, «la revisión del Plan General, la tramitación del convenio y su aprobación se convirtieron en un mero trámite formal obligado, con el que se desarrollaba todo aquello que ya estaba previamente acordado entre Samper y el alcalde». El juez llega a calificar la tramitación administrativa como «un mero ropaje jurídico ineludible», que permitió sacar adelante un plan urbanístico que ofrecía una monumental rentabilidad (estimada en la peor de las hipótesis en cerca de 150 millones de euros).

«Era un negocio urbanístico, pero que necesitada de la imagen del Real Murcia para prosperar, pues con ese reclamo los políticos y los ciudadanos nada objetarían», llega a manifestar el magistrado en su resolución.

Las supuestas prevaricaciones

Un aprovechamiento ilegal

Aunque en el 'protocolo secreto' de 1999 ya se indicaba que, a cambio de sacar adelante su proyecto urbanístico, Samper cedería una gran instalación deportiva a la ciudad, el juez señala que la posibilidad de un convenio de ese tipo no estaba contemplada en el PGOU vigente en ese momento, sino que se incluyó en una modificación posterior. De ahí que llegue a la conclusión de que todo estaba preparado desde el origen.

A ello se sumó que el plan parcial Nueva Condomina acabó teniendo una edificabilidad del 0,64 m2/m2, muy superior a la del máximo legal contemplado en el PGOU, que era de 0,40 m2/m2. Una aparente irregularidad que habría permitido a Samper construir cerca de 1.500 viviendas más del máximo al que habría tenido derecho.

A ello se sumó, siempre según el auto de PA, que el Ayuntamiento eximió al empresario de abonar a las arcas públicas el 10% del aprovechamiento urbanístico, que es una obligación ineludible según la ley. Algo que hizo que el Consistorio dejara de ingresar en su día una compensación de unos 18 millones de euros y que solo obtuvo cuando la justicia, a instancias del centro comercial Thader, declaró la ilegalidad de la decisión.

Estas presuntas vulneraciones de la ley se habrían cometido con el consentimiento y los informes técnicos de los dos mencionados responsables de la Gerencia de Urbanismo, Pedro Morillas y Joaquín Peñalver, que por esa razón se ven ahora acusados de prevaricación.

Con el paso dado ayer por el magistrado Castillejos, el alcalde, el empresario y los técnicos están ya a un solo paso de juntarse en el banquillo.