Juzgan a un empresario acusado de una estafa millonaria a varios socios

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Molina ha decidido abrir juicio oral contra el empresario R.V.A, propietario de la empresa Aceros 2001 de Ceutí -antiguamente conocida como Global Ends-, su esposa y dos de sus hermanos. Todos ellos se enfrentan, según indica un auto, a presuntos delitos de estafa e insolvencia punible en base a un procedimiento que partió de una querella de sus antiguos socios. Éstos, que están siendo representados por el letrado Raúl Pardo-Geijo Ruiz, le reclaman al principal imputado cerca de seis millones de euros que supuestamente no llegó a abonarles tras la compra de la compañía. La titular del juzgado ha dado traslado a las partes para que se pronuncien sobre si debe continuarse con la apertura del juicio o debe archivarse el caso.

Los hechos que originaron este procedimiento se remontan a principios de 2007. El querellado, propietario del 25% de las acciones de Global Ends, pergeñó la idea de comprar a sus socios la totalidad de sus acciones. Según explica el auto, R.V.A. consideró esta operación muy interesante «dado su elevado valor económico, sobre todo si, aprovechándose de la confianza y buena fe de sus socios y futuros incautos vendedores, conseguía no pagar -como pretendía- 3.958.000 euros del total pactado (11.1158.750 euros). Según explica el auto, el principal imputado pretendía lograr su fin «mediante los oportunos movimientos societarios dirigidos a dificultar primero y a impedir después a todo trance el cobro de esa parte del precio de los socios, defraudándoles una vez que se hiciera con el control de la misma».

Según sostiene la instructora en el auto, cuando se percató de que los socios vendedores ejercitarían su derecho al cobro mediante la ejecución de la garantía del 100% de las acciones pignoradas de Global, el procesado, con la presunta intención de dificultar ese cobro, «comenzó a disminuir esa garantía pignoraticia de Global Ends mediante sucesivas ampliaciones de capital totalmente injustificadas». La juez entiende que, para ello, contó con la ayuda de su esposa y de dos de sus hermanos que, a través de algunas sociedades, le ayudaron presuntamente a llevar adelante su plan.

La instructora explica que finalmente, para impedir que sus socios cobrasen, «redujo su capital social a cero euros para hacer desaparecer las acciones pignoradas como garantía a favor de los vendedores», cambiándole enseguida su nombre por el de Acero 2001. La juez de Molina de Segura recalca que el querellado sigue a día de hoy sin pagar el importe que adeuda, y que los vendedores continúan sin cobrar.