Investigan a la asesora de Cerdá por presunto cohecho de 177.000 euros

María Antonieta Fernández Cano, la asesora jurídica eventual del consejero Antonio Cerdá cuyos informes fueron supuestamente decisivos para que saliera adelante el proyecto urbanístico Novo Carthago, ya se encuentra formalmente imputada por un presunto delito de cohecho. El magistrado de la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, Manuel Abadía, dictó ayer un auto en el que le atribuye haber recibido la cantidad de 177.298 euros, como mínimo, «por su actuación para calificar como urbanizable un paraje natural protegido»; esto es, los terrenos adquiridos por la sociedad Hansa Urbana junto al Mar Menor, en los que pretendía construir diez mil viviendas, un campo de golf, centro de convenciones...

En la resolución del magistrado Abadía, notificada ayer a todas las partes del 'caso Novo Carthago', se pone de manifiesto que María Antonieta Fernández Cano fue la funcionaria que el actual consejero de Agricultura, el también imputado Antonio Cerdá, «se llevó a la Consejería como asesora jurídica eventual y la que se encargó de las gestiones y reinicio del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Mar Menor». En concreto, habría redactado los informes jurídicos que permitieron, a la postre, que terrenos que eran fruto de una especial protección ambiental, acabaran pudiendo acoger un campo de golf y edificaciones.

Los informes remitidos por Hacienda al TSJ demostrarían, según reseña el magistrado instructor, que su sueldo en la Comunidad Autónoma «no alcanzaban para los pagos que ella tenía que realizar para abonar los intereses y amortizaciones de préstamos» que tenía pendientes, «por lo que para hacerles frente realizaba ella misma ingresos en efectivo en sus cuentas».

La suma de los ingresos en metálico que María Antonieta Fernández realizó en sus cuentas entre los años 2002 y 2011 asciende, según el juez, a 177.298 euros, «casi treinta millones de pesetas que recibió, como mínimo, por su actuación para calificar como urbanizable un espacio natural protegido».

Abadía también deja constancia en su auto de que «el dinero recibido por tal acción lo aflora en cantidades muy superiores los años de la recalificación, pues desde 2002 a 2006 hace ingresos en metálico ella misma en su cuenta por importes de 130.297 euros».

La exasesora ya declaró en su día sobre esos ingresos y ofreció dos versiones contradictorias sobre el origen de ese dinero, ninguna de las cuales convenció al magistrado. Ahora, este jueves, tendrá oportunidad de volver a explicarse.

En el auto notificado ayer, el instructor desvela que ha abierto una nueva línea de investigación, al haber requerido a un notario de San Pedro del Pinatar para que le envíe una escritura que, en el año 2009, firmaron una sociedad de la extinta CAM, Tenedora de Inversiones y Participaciones (TI) y la constructora Urbincosta, propiedad del empresario de San Javier Juan Gracia. Nada más ha trascendido sobre el bien inmobiliario que transfirió Juan Gracia a esa mercantil, ni su relación exacta con el 'caso Novo Carthago' o con sus imputados.