Mucha información que ya era de dominio público

Es una de las medidas estrella del Gobierno. Una iniciativa con la que el Ejecutivo de Mariano Rajoy busca situarse al mismo nivel que otros países que gozan desde hace años de una política de mayor apertura en la información. Pero quienes ayer desentrañaban los epígrafes y subepígrafes de la página 'transparencia.gob.es' percibieron también las lagunas que a la actual ley le quedan por cubrir.

El más de medio millón de archivos que recoge el Portal de la Transparencia es la suma, en muchos casos, de información que hasta ahora aparecía en otros espacios disponibles para el ciudadano. Los textos legislativos que contiene el Boletín Oficial del Estado y los contratos registrados antes en la Plataforma de Contratación del Sector Público son datos que ya eran de dominio público. Tampoco es una novedad la información estadística que han volcado los distintos ministerios, en la que hay bastante variabilidad. Así, Sanidad y Asuntos Sociales incluye enlaces a las cifras de lista de espera, pero no hace lo mismo con la Dependencia, que prácticamente queda fuera del portal pese a que el Imserso dispone de estadísticas anuales muy completas.

La atención se centra desde las doce del mediodía de ayer en las retribuciones que cobran los integrantes de la Administración General del Estado, prácticamente la única novedad. En este apartado, tan solo se pueden conocer los sueldos de aquellos que pertenecen a los escalafones superiores a los directores generales. Es decir, el personal de confianza que trabaja en los ministerios en categorías inferiores queda protegido por la ley de transparencia y fuera del alcance de los ciudadanos.

Las principales críticas llegaron ayer, sin embargo, sobre la necesidad de conseguir una clave oficial o contar con el DNI electrónico para reclamar información a través del portal. Las organizaciones que trabajan por la transparencia institucional, como Access Info Europe y la Fundación Civio, reprocharon las «trabas al acceso». El procedimiento, sin embargo, explica Moncloa, trata de impedir que nadie suplante la identidad de otro ciudadano. Por eso, el sistema reclama en una de las vías de registro la cuenta bancaria para comprobar los datos del solicitante. En cualquier caso, el Gobierno admitía ayer que quedan asuntos por pulir. «Parece lógico que no estemos aún a la altura de otros países que llevan más tiempo en esto», defendió el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Batalla política

El PSOE, sin embargo, se centró en las declaraciones de bienes de 257 altos cargos que no han sido publicadas. Figuran algunos embajadores, protestaban fuentes socialistas, como Federico Trillo, «o asesores de la vicepresidenta del Gobierno». «Dime de qué presumes y te diré de qué careces», resumió la diputada socialista Isabel Rodríguez. El comentario no sentó bien en el Ejecutivo, que sostienen que la ley de transparencia está sujeta al mismo reglamento que redactó el PSOE y que obliga, según Moncloa, a publicitar el patrimonio de todos aquellos cargos nombrados y cesados desde julio de 2013.

El acuerdo entre populares y socialistas tampoco fue posible a la hora de elegir a los dos parlamentarios que se integrarán en el Consejo de la Transparencia, el órgano que va a supervisar el funcionamiento de la norma. El PP acabó proponiendo a la diputada del su grupo, Pilar Cortés, y pactó con el PNV que Jokin Bildarratz sea el vocal del Senado.