De Ramón pide al Supremo que embargue los bienes y el sueldo de Bascuñana

La remisión del 'caso Novo Carthago' al Tribunal Supremo, con el fin de que decida si asume la instrucción de esas diligencias sobre presunta corrupción urbanística, no ha atemperado al abogado de la acusación popular Diego de Ramón, que acaba de presentar otra de las contundentes iniciativas legales que lo caracterizan. En concreto, el letrado reclama del Alto Tribunal la apertura de una pieza de responsabilidad civil, dirigida a garantizar el abono de las responsabilidades pecuniarias que puedan establecerse cuando el asunto quede cerrado, y que se proceda a embargar los bienes y el salario del exconsejero de Obras Públicas y actual delegado del Gobierno en la Región, Joaquín Bascuñana.

De Ramón recuerda que el artículo 589 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que «cuando del sumario resulten indicios suficientes de criminalidad contra una persona, se mandará por el juez que preste fianza bastante para asegurar las responsabilidades pecuniarias que en definitiva puedan declararse procedentes, decretándose en el mismo auto el embargo de bienes suficientes para cubrir dichas responsabilidades si no prestara fianza».

Considera el abogado de la acusación que Bascuñana fue, como consejero de Obras Públicas, el último y principal responsable de que saliera adelante la supuestamente ilegal recalificación de los terrenos de Novo Carthago, toda vez que fue quien otorgó la aprobación definitiva a ese plan parcial. «Sin su firma o aprobación -recuerda De Ramón- no se hubiera podido llegar a recalificar esos terrenos». Y señala que la promotora Hansa Urbana consiguió gracias a esa tramitación favorable «que la extinta y saqueada Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) le prestara 90 millones de euros» para levantar esa macrourbanización.

Antes y después de recalificar

Para calcular el valor del supuesto perjuicio que la Administración regional habría causado al patrimonio público, mediante esa recalificación presuntamente ilegal de los terrenos situados junto al Mar Menor, el acusador popular pide al Supremo que inste a la Consejería de Agricultura y Agua a emitir un informe al respecto, estableciendo la valoración antes y después de ese cambio de calificación urbanística.

De Ramón aprovecha la oportunidad de poner sobre aviso a los magistrados del Alto Tribunal, haciéndoles ver que el titular del mencionado departamento, que tiene actualmente atribuidas las competencias de Medio Ambiente, es Antonio Cerdá, también imputado en esas diligencias.

En base a todas esas circunstancias que relata en su escrito, el abogado considera que debe requerirse a Joaquín Bascuñana para que aporte un aval o garantía económica por el total importe del perjuicio causado -una vez éste quede fijado-, y que en caso contrario señale los bienes de su propiedad que deben ser embargados. Más todavía, afirma que en caso de que no designe tales bienes, «se debería embargar su sueldo de delegado del Gobierno, y las cuentas corrientes que tiene abiertas en distintas entidades bancarias, en número de más de cincuenta».

Tampoco se olvida el letrado del vehículo de Bascuñana, un Audi A8, que igualmente reclama que sea intervenido por el Tribunal Supremo.