El juez manda el caso al Supremo por los indicios de delito contra Barreiro

Pilar Barreiro, el pasado 24 de junio, cuando el juez reseñó que había indicios de delito contra ella.
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Pilar Barreiro, el pasado 24 de junio, cuando el juez reseñó que había indicios de delito contra ella.

Si el Alto Tribunal acepta su competencia, citará como imputada a la alcaldesa de Cartagena y asumirá toda la investigación judicial

RICARDO FERNÁNDEZ MURCIA

Si no quiere declarar de forma voluntaria, deberá hacerlo por orden judicial. Y si no lo hace en Murcia, ante la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), tendrá que hacerlo en Madrid, en la sede del más alto tribunal jurisdiccional. Tal es la pretensión del magistrado instructor del 'caso Novo Carthago', Manuel Abadía, respecto de la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, sobre la que aprecia indicios suficientes de un delito de prevaricación como para que sea ya formalmente imputada por el Tribunal Supremo.

Barreiro había sido 'invitada' por el instructor a que prestara declaración como imputada, haciéndole saber que solo podría hacerlo de forma voluntaria ya que, por su condición de diputada nacional, disfruta de un fuero especial y solo puede ser formalmente citada por el Tribunal Supremo. Pero la alcaldesa de Cartagena le ha hecho saber, de manera muy reciente, que no está dispuesta a ofrecer explicación alguna en esa sede sobre su participación en la tramitación de la urbanización Novo Carthago.

Esa negativa llevó ayer al magistrado Abadía a decidir, de forma sorpresiva para todas las partes -Ministerio Fiscal incluido-, la remisión de las diligencias al Alto Tribunal para que decida si debe imputar a Pilar Barreiro. En su escueto auto, el juez se limita a señalar que el 24 de junio, en otra resolución, ya concretó «los indicios racionales de criminalidad contra Pilar Barreiro en las presentes actuaciones, por un delito de prevaricación». Entonces, recuerda, le concedió un plazo de 30 días para que realizara las alegaciones que estimara oportunas -cosa que sí hizo la alcaldesa- y para que prestara declaración voluntariamente, lo que rechazó.

Transcurrido ese plazo, Abadía ha redactado una Exposición Razonada -un amplio relato en el que se resume toda la investigación y los indicios existentes contra Barreiro- y lo ha enviado a la Sala Segunda (de lo Penal) del Tribunal Supremo para que analice si debe proceder a imputar a la política cartagenera.

Si el Alto Tribunal coincide con la apreciación del instructor de que hay «indicios suficientes» para actuar penalmente contra ella, lo más previsible es que todas las diligencias sobre 'Novo Carthago' sean asumidas por ese órgano. Si, al contrario, considera que no hay datos suficientes para imputarla, devolverá el caso al TSJ de Murcia para que continúe con su investigación, de la que quedaría excluida Pilar Barreiro.

Un Pleno «con celeridad»

Entre esos indicios relatados el 24 de junio pasado por Manuel Abadía destacan que cuando Hansa Urbana presentó de manera formal su proyecto urbanístico, el 1 de julio de 2003, «en lugar de rechazarlo» por afectar a un espacio natural protegido, la alcaldesa convocó un Pleno con «celeridad» para el 4 de agosto de 2003. En él votó a favor de ese proyecto urbanístico.

Recordó, además, que la orden de 12 de junio de 2003 de reinicio del Plan de Ordenación de Recursos Naturales de Espacios Abiertos de Islas del Mar Menor se firmó por parte de Antonio Cerdá «porque lo pedían desde Cartagena», tal y como aseguró el propio consejero ante el juez.

Abadía concluyó afirmando que «los indicios racionales de criminalidad apuntan a que los verdaderos responsables políticos de los hechos investigados, en el seno del Ayuntamiento de Cartagena, y que tenían un conocimiento pleno y detallado de los mismos, eran la alcaldesa y Agustín Guillén (exconcejal de Urbanismo imputado)».

 

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