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Joaquín Bascuñana (derecha), sonriente, tras negarse a declarar el pasado 2 de julio; acudió acompañado del secretario general de la Delegación del Gobierno y abogado, Fernando Mateo.
El TSJ sostiene que Bascuñana ya asumió su imputación al no querer declarar

El TSJ sostiene que Bascuñana ya asumió su imputación al no querer declarar

La Sala confirma que hay datos suficientes para que el delegado del Gobierno sea investigado por presunta prevaricación

Ricardo Fernández

Miércoles, 24 de septiembre 2014, 02:04

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Un mal día para dejar de fumar. Al exconsejero de Obras Públicas y Vivienda y actual delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, se le juntaron ayer las revelaciones periodísticas sobre el incidente en el que se vio envuelto el pasado fin de semana con la Guardia Civil, al negarse supuestamente a identificarse en un control, con la constatación de que seguirá imputado en el presunto caso de corrupción conocido como 'Novo Carthago'.

La última baza de la que Bascuñana disponía para tratar de hurtarse a la investigación judicial y a las consecuencias que ello acarrea -averiguaciones sobre su patrimonio, entre otras- no ha prosperado finalmente, al haber rechazado la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región el recurso de apelación por el que reclamó quedar libre de sospecha.

El exconsejero de los gobiernos de Valcárcel se vio formalmente imputado a finales de junio, cuando el magistrado instructor de 'Novo Carthago', Manuel Abadía, dictó un auto en el que recordaba que fue Bascuñana quien el 31 de marzo de 2005, como consejero de Obras Públicas y Urbanismo, firmó la aprobación definitiva de la modificación puntual número 113 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Cartagena. Un paso que suponía el visto bueno definitivo a un megaproyecto urbanístico junto al Mar Menor (10.000 viviendas) y avalaba las supuestas ilegalidades cometidas a lo largo de toda la tramitación administrativa.

La firma de ese documento, recalcó el instructor, supuso la «voladura de las leyes estatales y autonómicas» en materia de Medio Ambiente.

Bascuñana se convertía de esa forma en el tercer encausado que ha desempeñado elevadas responsabilidades en el Ejecutivo regional, junto con el exconsejero de Medio Ambiente, Francisco Marqués, y el actual consejero de Agricultura, Antonio Cerdá. «Estamos en presencia de un delito de prevaricación continuada», razonó el juez Abadía, «en el que se produce una serie de actos sucesivos, todos ellos concatenados, no pudiendo entenderse la última resolución de Bascuñana sin las anteriores». Ninguno de estos pasos destinados a sacar adelante una urbanización de manera supuestamente ilegal, remarcó, «fue intrascendente para conseguir el fin pretendido». El juez llegó a referirse en su escrito, incluso, a una «trama en la Comunidad Autónoma».

«Ni base fáctica ni jurídica»

Bascuñana no solo recurrió el auto por el que había sido imputado, sino que el día de 2 julio, en el que fue citado por el magistrado para interrogarlo, se negó a prestar declaración. En el recurso de apelación presentado por su letrado, Francisco Martínez-Escribano, venía a defender que no existía «base fáctica ni jurídica» para verse envuelto en la investigación penal, y aseguraba que en todo el expediente administrativo sobre 'Novo Carthago' «no existe ningún informe contrario a la aprobación definitiva», por lo que Bascuñana no habría tenido más opción que ponerle su firma.

Los magistrados de la Sala de lo Civil y de lo Penal del TSJ, Juan Martínez Moya (presidente y ponente de la resolución), Julián Pérez-Templado Jordán y Enrique Quiñonero Cervantes, rechazan los argumentos de la defensa de Bascuñana y, a través de un auto que ayer fue notificado, confirman que existen razones sobradas para mantenerlo imputado. «El auto (del magistrado Abadía) contiene motivación suficientemente reveladora de la existencia de unos datos objetivos que pudieran tener relevancia penal y que precisan ser investigados».

Y, en la misma línea, añaden que «su citación como imputado está justificada, pues su citación tiene por finalidad oírlo en la consideración de que aparecen hechos que se le atribuyen, en el marco del proceso penal, que pueden -provisionalmente- revestir caracteres de un delito de prevaricación».

«Un asunto muy complejo»

Advierte la Sala de que «la complejidad del asunto investigado impide fragmentar, como si se tratase de un archipiélago, los trámites de un procedimiento de reclasificación de suelo en una zona concreta», en los que intervinieron «diferentes órganos de las administraciones autonómica y municipal, con el concurso de una empresa promotora». Y que solo será más adelante, con el avance de la investigación, cuando quepa establecer el grado de responsabilidad concreto de cada imputado y, en el caso concreto de Bascuñana, si pudo negarse o no a firmar un documento que permitía urbanizar una zona especialmente protegida por las leyes ambientales.

Mientras tanto, la mejor prueba de que el exconsejero debe permanecer imputado se encuentra en las preguntas que el propio magistrado le formuló el 2 de julio, y a las que Bascuñana evitó responder.

Entre los interrogantes formulados por Manuel Abadía se encontraban algunos tan contundentes como los que siguen: «¿Por qué razón un suelo no urbanizable de protección especial medioambiental, usted ha permitido que sea urbanizable?». «La decisión de aprobar ese cambio de uso de los terrenos protegidos, ¿fue solo porque se lo pidió una inmobiliaria en un proyecto urbanizador, o le hablaron de ello otros políticos?». «Señor Bascuñana, responda en qué yates subió, de quiénes eran propiedad y con qué personas habló, debiendo mencionarlas todas».

Por último, los magistrados no renuncian a recordar al delegado del Gobierno lo paradójico de su comportamiento respecto de este asunto, pues a la vez que insistía en que no existen razones para haber sido imputado echó mano de un derecho que solo asiste a quienes han sido declarados formalmente sospechosos de un delito: el de no declarar. «El recurrente -afirma la Sala- se instaló de lleno en el estatus de imputado al acogerse a su derecho a no declarar».

Descarta la dimisión

El auto no es recurrible, lo que implica que Bascuñana no dispone de otras opciones legales para tratar de quedar libre de la investigación. Es previsible que pueda permanecer meses en condición de imputado, hasta que las diligencias estén concluidas y las distintas partes del proceso -fiscal, acusaciones particulares y defensas- informen acerca de si existen o no pruebas suficientes como para pedir que sea juzgado.

La única reacción sobre este asunto que ayer se permitió el delegado del Gobierno fue la de confirmar, a través de un portavoz, que no dimitirá de su cargo.

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