Un estudio encargado por Medio Ambiente descarta la urbanización del parque regional

En la Marina de Cope solo deberían desarrollarse actividades agrícolas y agroturísticas por la «excepcional singularidad» de los hábitats que se concentran en esta llanura litoral. Esta es la conclusión de un estudio encargado por la Dirección General de Medio Ambiente que establece un diagnóstico ecológico del parque regional. Se trata de un documento técnico preliminar que puede servir de base para elaborar el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN), algo así como el manual de instrucciones de un espacio protegido porque define los diferentes usos que pueden desarrollarse en el territorio.

Este informe, elaborado por una consultora especializada, propone una zonificación de la Marina de Cope en función de los valores naturales detectados a lo largo de sus 3.760 hectáreas -incluyendo espacios terrestres y marinos- y plantea la ampliación del parque regional para sumarle un enclavado urbanizable en el Garrobillo (Lorca), excluido en los límites originales aprobados en la Ley 4/1992, y un amplio frente litoral sumergido.

De acuerdo con el diagnóstico ambiental actualizado de la Marina de Cope, hay una zona de reserva -donde es necesario un elevado grado de protección- que supone algo más del 43% del total del espacio y que integran Cabo Cope, Calnegre, toda la franja costera -donde se localizan 13 hábitats de interés comunitario- y las lomas litorales -las pequeñas elevaciones contiguas a las ramblas, por su valor ecológico y paisajístico-. Hay dos zonas de conservación prioritaria -ramblas, cerros, saladares y estepas- y compatible -zonas de labranza y corredores de conectividad-, que suponen el 15% y el 12% de la superficie, respectivamente. Y finalmente un ámbito de desarrollo compatible -29%- que incluye las fincas de cultivo, tanto las grandes de régimen intensivo y muy tecnificadas como las parcelas de secano y pequeñas explotaciones del Cantal y Calnegre.

El informe no demoniza la agricultura; más bien al contrario, valora su papel -sobre todo el de la extensiva- como «sustrato de importantes procesos ecológicos» y su «producción biológica», que permite «mantener poblaciones de fauna silvestre» y especies presa de las que se alimenta «la importante densidad de grandes rapaces».

El estudio cita 320 taxones de flora vascular en el parque y describe 41 especies de interés para su conservación, según la Directiva Hábitats; también se refiere a 85 especies de aves -el 96% de ellas con algún grado de protección-, entre las que destacan el águila perdicera, el búho real y el camachuelo trompetero. Especies que conviven con la tortuga mora en veintiún hábitats -tres marinos y dieciocho terrestres-, cinco de ellos prioritarios.

Por estos motivos, y junto con el condicionante legal de que el suelo del parque regional está clasificado como no urbanizable, este documento descarta proyectos «residenciales» y recomienda mantener los usos agrícolas actuales y promover actividades de agroturismo, «una oferta complementaria muy escasa en el contexto litoral de la Región, basada en turismo de naturaleza, ecológico y rural, donde el eje cardinal de las actividades es la conservación de los valores culturales y ambientales», señala textualmente. Iniciativas «que impliquen a la población local y supongan un desarrollo socioeconómico del lugar respetuoso y coherente», añade el documento.

La adaptación urbanística

Pese a este informe, realizado al final de la etapa en la que el consejero Manuel Campos aún ostentaba las competencias de Medio Ambiente, la Comunidad Autónoma mantiene un discurso oficial según el cual el proyecto turístico es aún posible, «adaptado a la nueva situación jurídica». Es lo que ha asegurado recientemente el propio Campos, ahora titular de la Consejería de Fomento, Obras Públicas y Ordenación del Territorio, departamento encargado de solucionar las situaciones que aún aportan incertidumbre legal al futuro de Marina de Cope. Como los planes generales de ordenación urbana de Águilas y Lorca, adaptados a las características del gran complejo residencial y en plena vigencia, aunque recurridos por la asociación Prolitoral. Para la Dirección General de Medio Ambiente, inmersa en la planificación de la Red Natura 2000, no es una prioridad -ni le corresponde- solucionar el embrollo legal de Marina de Cope, aunque se admite la necesidad de ordenar el espacio natural mediante un «proceso participativo y abierto a todos los agentes sociales».