Gómez Bermúdez seguirá adelante con la investigación de las preferentes de CAM

El magistrado Javier Gómez Bermúdez. /
El magistrado Javier Gómez Bermúdez.

El magistrado rechaza el archivo solicitado por el fiscal y recuerda que se vieron afectados 1.319 clientes, por un montante global de 24,5 millones

EFEMADRID

El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha rechazado archivar la pieza en la que investiga a la excúpula de CAM por la emisión de preferentes y cuotas participativas, tal y como le pidió el fiscal, y llamará a declarar a una «muestra significativa» de afectados. Con esta decisión, el juez atiende la petición del letrado de la acusación particular, Diego de Ramón. En un auto, el magistrado sostiene que, «a pesar del sólido hilo argumental del Ministerio Fiscal», él mismo admite que «hay al menos una instrucción de los directivos de la CAM, dirigida a la red de oficinas», para que se colocaran preferentes y subordinadas en 2009, «con fuertes minusvalías» a los clientes, con la excusa de «diversificar la inversión».

A ello añade que el total de esta operación, montada «con claros visos defraudatorios, fue de 24.535.000 euros y afectó a 1.319 clientes», por lo que podría ser constitutivo de un delito de estafa cualificada.

La circunstancia de que el perjuicio final para los inversores «sea de difícil cuantificación» no excluye, según el juez, «la existencia del delito, que estaría consumado, porque perjuicio sí existió». Tampoco impide que tales conductas puedan ser constitutivas de otros tipos delictivos, como falsedad contable o de documentos esenciales, falseamiento de información para captar inversores, alteración de precios o uso de información privilegiada.

Los directivos, además, obtuvieron por su parte una «alta rentabilidad conociendo, como obviamente conocían, la situación económico-financiera real de la entidad».

Por ello, Gómez Bermúdez subraya que no procede el archivo de esa pieza tampoco en lo relativo a las cuotas participativas -valores similares a las acciones, pero sin derechos políticos-, ya que acerca de estos productos «procede indagar más sobre la información real que recibieron los inversores». De esta manera, acuerda en su resolución recabar información sobre la aptitud de los adquirientes, incluyendo su perfil, y anuncia que a partir de ahí tomará declaración testifical a una «muestra significativa» de afectados.

Gómez Bermúdez abrió esta pieza separada de la causa principal en la que investiga la gestión de la cúpula de la CAM, entre la que figuran los ex directores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós, entre otros, a instancias de la propia Fiscalía.

Sin embargo, el Ministerio Público reclamó a finales del pasado mes el archivo de la misma, al considerar que las conductas de los máximos responsables «no tenían encaje penal» y, en todo caso, que los afectados siempre podrían recurrir a la vía civil.

Sabadell respalda al fiscal

A la petición de la Fiscalía se sumó la dirección letrada del Banco Sabadell, que alegó que esta entidad de crédito «no intervino ni en la emisión ni en la colocación de las cuotas participativas», ya que el proceso se produjo «con anterioridad» a la adquisición del Banco CAM.

«La responsabilidad derivada de la emisión y colocación de las cuotas participativas es atribuible exclusivamente a Caja de Ahorros del Mediterráneo, actualmente transformada en Fundación CAM», señaló el Banco Sabadell antes de recalcar que en su caso no obtuvo «ningún ben eficio» con la colocación de las cuotas.

El pasado junio, Gómez Bermúdez amplió al Banco Sabadell la responsabilidad civil para «evitar una situación de indefensión», ya que «fue el negocio financiero que compró Banco Sabadell (Banco CAM ) el que llevó a cabo la comercialización de las cuotas participativas y obtuvo los beneficios de la misma».

La CAM fue intervenida el 22 de julio de 2011 por el Banco de España y poco después, el Fondo de Garantía de Depósitos invirtió 5.249 millones de euros para hacerse con el 100 % de la entidad y sanearla antes de adjudicársela al banco catalán por el precio simbólico de un euro.