La lucha por el liderazgo regional en UPyD acaba en los tribunales

Rafael Sánchez y Encarna Hernández, el día de las polémicas elecciones, el pasado 22 de febrero./
Rafael Sánchez y Encarna Hernández, el día de las polémicas elecciones, el pasado 22 de febrero.

Encarna Hernández, ganadora de la elección al Consejo Territorial que fue anulada por el partido, presenta una demanda judicial para que se le reconozca su victoria

JULIÁN MOLLEJO

La concejal de UPyD en Molina de Segura, Encarna Hernández, ha decidido echar un órdago judicial a su partido por las elecciones al Consejo Territorial que ganó el pasado 22 de febrero y que después fueron anuladas por los órganos electoral y de garantías de esta formación.

Hernández y el resto de su candidatura, integrada, entre otros, por los concejales de UPyD Miguel Sánchez (Caravaca), José Luis Ros (San Pedro del Pinatar) y Mario Gómez (Los Alcázares), ha decidido presentar una demanda civil contra su propio partido por vulneración de derechos fundamentales, en la que reclaman que se restablezca la validez de las elecciones y se proclame como ganadora la candidatura que resultó elegida.

En la demanda, que fue presentada ayer en los juzgados de primera instancia de Murcia, se solicita además, como medida cautelar, que se suspenda y se deje sin efecto cualquier nuevo proceso electoral al Consejo Territorial de UPyD de la Región de Murcia.

Las elecciones objeto de la polémica fueron ganadas por la candidatura de Hernández por 102 votos frente a los 79 que obtuvo la lista encabezada por Rafael Sánchez, que optaba a la reelección como coordinador regional de UPyD.

Sánchez presentó una reclamación a la Comisión Electoral del partido en la que denunciaba que su candidatura había resultado perjudicada por unas falsas acusaciones contra él difundidas a través de las redes sociales durante los días previos a la votación.

En respuesta a esta reclamación, y antes de la proclamación de los resultados, la Comisión Electoral del partido que lidera Rosa Díez decidió suspender las elecciones por considerar que las acusaciones contra Rafael Sánchez, «suscritas por otros candidatos y afiliados», habían «contaminado los resultados del citado proceso», al tiempo que proponía que se convocaran unas nuevas elecciones.

La candidatura de Encarna Hernández presentó recursos ante la Comisión Electoral primero y después ante la Comisión de Garantías, y también pidió amparo al Consejo de Dirección del partido, y todos fueron rechazados.

En su defensa, la concejal de Molina exponía que las acusaciones vertidas en una red social no procedían de ningún miembro de su candidatura, que carecían de relevancia suficiente para anular las elecciones y que en ellas ni siquiera se citaba a su adversario en las urnas.

La Comisión de Garantías rechazó todas sus alegaciones al entender que las acusaciones eran lo bastante graves como para «distorsionar los resultados electorales» y resolvió, el pasado 30 de mayo, ratificar la decisión de la Comisión Electoral.

«Ha sido una decisión muy difícil, pero no nos quedaba otra vía para que se reconozcan nuestros derechos después de agotar todos los recursos internos», declaró ayer Encarna Hernández a 'La Verdad'.

La candidatura de la edil molinense, representada por el abogado Mariano Bó, podría enfrentarse a medidas disciplinarias dentro de UPyD al no acatar las resoluciones de los órganos del partido y recurrir a los tribunales.

«La demanda no va contra el partido», precisó, «sino contra una decisión adoptada por él que consideramos injusta. Llevo cinco años en UPyD, ocupando cargos públicos y dando la cara todos los días por este partido y seguiré haciéndolo», añadió la concejal.

Los derechos de la candidatura de Hernández que en la demanda se consideran vulnerados son los de asociación, el de participar en los asuntos públicos y el de acceso en igualdad de condiciones a cargos públicos.

La implicación de los tribunales amenaza con agravar y dilatar el conflicto interno que vive este partido, dirigido en la actualidad por una comisión gestora que encabeza Fuensanta Máximo, y puede suponer también, a menos de un año para las próximas elecciones locales y autonómicas, un obstáculo a su progresión política en la Región.

 

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