El juez de 'Novo Carthago' ve «indicios muy sólidos» de prevaricación en Barreiro

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Murcia que instruye el 'caso Novo Carthago', Manuel Abadía, considera que hay "indicios muy sólidos y consistentes" de que la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, pudo ser responsable de un presunto delito de prevaricación continuada al tramitar la modificación del Plan General del municipio para permitir la construcción de 10.000 viviendas, dos campos de golf y dos hoteles por parte de la empresa Hansa Urbana. Ésta contó en su día con un préstamo de 95 millones de euros de la antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) para esta promoción en San Ginés de la Jara, que no ha llegado a iniciarse. El magistrado ha acordado, en un auto notificado hoy, dar traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal para que, en el plazo de 30 días, emita dictamen sobre si debe tomarse declaración en calidad de imputada a la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, y sobre el órgano jurisdiccional competente para seguir conociendo las presentes actuaciones. Pilar Barreiro es diputada del PP en el Congreso y está aforada, de manera que el caso podría llegar al Tribunal Supremo.

En un auto que hizo público este jueves el TSJ, Abadía expone que es "necesario" tomar declaración a Barreiro en calidad de imputada porque "en lugar de rechazar el proyecto urbanístico" al afectar a un espacio natural protegido, el saladar de Lo Poyo (junto al Mar Menor), convocó un Pleno con celeridad, el 4 de agosto de 2003 para permitirlo. En el Pleno, votó a favor de la llamada modificación puntual número 113 del Plan General.

El juez recuerda el testimonio que dio ante ese mismo tribunal el exconcejal de Urbanismo, Agustín Guillén, imputado ya en la causa también por prevaricación (dictar resoluciones injustas a sabiendas). Éste dijo que había consultado solo con la alcaldesa acerca de si debía llevar el asunto al Pleno "y ésta lo autorizó". De manera contundente, Abadía concluye que "los indicios racionales de criminalidad apuntan a que los verdaderos responsables políticos de los hechos investigados, en el seno del Ayuntamiento de Cartagena, y que tenían un conocimiento pleno y detallado de los mismos eran la alcaldesa y Agustín Guillén".

"Cualquiera que sea la narración fáctica de los hechos que constan en las actuaciones, los indicios racionales de criminalidad contra la alcaldesa de Cartagena, doña Pilar Barreiro, son muy sólidos y consistentes", señala el juez en su resolución. El magistrado advierte una vulneración continuada de la ley desde que el 4 de agosto de 2003 Barreiro convocó un Pleno del Ayuntamiento para abordar el cambio de uso del suelo de rústico a urbanizable.

Según el juez, para "conseguir el propósito de reclasificar el espacio natural protegido, Hansa Urbana S.A. tenía que contar necesariamente con la complicidad de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Cartagena, lo que consta en el registro de la sociedad mercantil Aifos". Para conseguir ese objetivo, añade, el 12 de junio de 2003 el consejero de Agricultura, Antonio Cerdá, firmó una orden y la alcaldesa convocó el citado pleno; el recorrido se terminó "el 23 de marzo por la alcaldesa de Cartagena con la aprobación definitiva del proyecto de plan parcial".

El magistrado señala que la alcaldesa podría negar un pacto entre la inmobiliaria Hansa Urbana, la Consejería y el Ayuntamiento para "crear un artificio legal o señuelo de reinicio del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales en 2003 para tratar de buscar una supuesta apariencia de legalidad" y "propiciar" que el Ayuntamiento aprobara la reclasificación "con engaño". Pero aunque lo hiciera, señala el magistrado, hay documentos que apuntan a que "su actuación podría ser arbitraria de un modo clamoroso y palmario, pues convoca el Pleno del 4 de agosto de 2003 y aprueba el Avance de Modificación Puntual nº 113 del P.G.M.O., cuando en modo alguno puede utilizarse la modificación puntual para cambiar la clasificación de suelo no urbanizable protegido". Al hacerlo, expone Abadía, Barreiro vulneró las leyes del Suelo y de Protección de la Naturaleza Estatal y Autonómica que lo declaran suelo no urbanizable protegido.

El auto, por otra parte, no acepta la personación de la empresa Hansa Urbana en las actuaciones, al mismo tiempo que ha solicitado numerosos documentos al Ayuntamiento de Cartagena. Así, se reclama al consistorio que informe sobre la contaminación por materiales pesados de los terrenos obtenidos gratuitamente en Novo Carthago y respecto a si se aportó aval para garantizar el coste total de la descontaminación de los mismos.

Igualmente, se reclama el Plan General de Ordenación Urbana de aquella ciudad de abril de 1987 y que se certifique si llegó a otorgarse licencia alguna en Novo Carthago.

Entre las personas que figuran como imputadas en estas actuaciones se encuentran el presidente de Hansa Urbana, Rafael Galea; el consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, que está citado para un careo el próximo lunes 28 de abril, así como el exdelegado del Gobierno y exconsejero del Gobierno regional Francisco Marqués.