El juez sobresee la imputación de Marqués en el 'caso Zerrichera'

El Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia, que investiga el 'caso Zerrichera' sobre presunta corrupción urbanística en torno a esta finca protegida de Águilas, decretó este lunes el sobreseimiento provisional para el exdelegado del Gobierno y exconsejero de Medio Ambiente Francisco Marqués, que estaba imputado por un presunto delito de prevaricación.

La misma medida fue acordada con respecto a la que fue secretaria general de esa Consejería María Reyes Sánchez, el exalcalde de Águilas Juan Ramírez, la esposa de Marqués, María Jesús Miedes, y José López, exconcejal de Agricultura de este municipio.

El auto indica que aunque los informes aportados a la causa sobre el patrimonio de Marqués -que está defendido por el abogado Jaime Peris Riera- reflejan que "alcanza considerables dimensiones", no se ha acreditado que tenga un origen ilícito.

Y añade que no está probado que responda a la "hipotética recepción de ingresos económicos vinculados a la toma de decisiones dependientes de los órganos administrativos que dirigía, y favorables a la actuación urbanística de La Zerrichera".

El juzgado añade que de las actuaciones llevadas a cabo hasta ahora no se desprende tampoco ningún dato objetivo que permita fundar un juicio de probabilidad sobre la existencia de presiones directas o indirectas por parte de Marqués sobre sus subordinados dirigidas a la recalificación de los terrenos que habrían permitido la urbanización de esa finca.

Por el contrario, sí se considera necesario mantener la imputación que pesa sobre ex altos cargos de Urbanismo del Gobierno de Murcia, entre ellos, José María Ródenas, que fue subdirector general de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, y Antonio Alvarado, ex director general de Calidad Ambiental.

También se mantiene para Manuel Alfonso Guerrero, que fue director general de Vivienda; Encarnación Muñoz, ex directora general del Medio Natural, y Juan Ignacio Sánchez, jefe de servicio de Calidad Ambiental.

El caso Zerrichera comenzó a ser instruido en 2007, tras la denuncia presentada por un concejal del PSOE de Águilas y las actuaciones promovidas por la Asociación de Naturalistas del Sureste y Ecologistas en Acción, que se mostraron contrarias a la urbanización de la finca, al incluirse en ella espacios protegidos.

Su recalificación había sido instada por el empresario Trinitario Casanova en nombre del Grupo Hispania, que pretendía construir 4.000 viviendas, un hotel de lujo y un campo de golf, proyecto que finalmente no se llevó a cabo.