El alcalde de Caravaca, imputado por un presunto delito de tráfico de influencias

El Juzgado de Instrucción número 6 de Murcia, que investiga presuntas irregularidades urbanísticas en Caravaca de la Cruz en relación a la promoción de El Roblecillo, ha imputado al alcalde del municipio, Domingo Aranda (PP), que ejerce como regidor desde 1999 de forma ininterrumpida, por un supuesto delito de tráfico de influencias.

El Consistorio ha informado, a través de la red social Twitter, que tanto el primer edil como los funcionarios «colaboran en la instrucción». La Guardia Civil se encuentra en las dependencias municipales y ha solicitado «documentación del expediente de El Roblecillo de 2004».

Desde primera hora de esta mañana, el Grupo de Delitos Urbanísticos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha registrado las dependencias del Ayuntamiento de Caravaca por un asunto de recalificación de terrenos en dicha localidad. Durante el registro, Domingo Aranda se ha dejado ver junto a agentes de la UCO y ha recibido aplausos y mensajes de apoyo de un grupo de vecinos que se encontraba en la plaza del consistorio. Una hora después, sobre las 17.00, los agentes terminaban el registro y salían del Ayuntamiento con cerca de una decena de cajas con documentación.

Pero este no es el único registro que se está realizando. Son siete las actuaciones llevadas a cabo, seis de ellas en la Región y una más en la provincia de Alicante.

Concretamente, han entrado para recabar información sobre la urbanización El Roblecillo, proyectada en el municipio murciano de Caravaca de la Cruz, al propio Consistorio de la localidad, a la Consejería de Obras Públicas, la Confederación Hidrológica del Segura (CHS), la Comisaría de Aguas, un domicilio particular y una asesoría, todos ellos en Murcia; así como una promotora de Torrevieja (Alicante).

Con estos registros se pretende recabar información para el análisis de documentación y estaría relacionada con una pieza separada de la operación 'Líber' y 'Biblioteca' de presunta corrupción urbanística en Aledo y Librilla, respectivamente.

La investigación sigue abierta, aunque no se prevén detenciones. En el Ayuntamiento de Caravaca, cuya actividad está totalmente paralizada, hay un despliegue de la Guardia Civil y varios vehículos desde las 9.00 horas.

El juzgado que lleva la investigación es el de Instrucción número 6, que ha decretado el secreto de las actuaciones, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia.

La operación policial responde a un coletazo de los casos 'Líber' y 'Biblioteca' de supuesta corrupción urbanística en los municipios de Librilla y Aledo, en los que se halló documentación que apuntaba a supuestas irregularidades en la recalificación de terrenos en Caravaca de la Cruz. Ahora, el Juzgado de Instrucción número 6 de Murcia ha ordenado a los agentes de la UCO que realicen un registro en las dependencias municipales caravaqueñas, con el fin de recabar toda la documentación existente sobre la urbanización que se iba a construir en la finca El Roblecillo.

Tal como desveló 'La Verdad' el pasado diciembre, la sociedad Golden Sky, participada por algunos de los principales implicados en los casos 'Líber' y 'Biblioteca', adquirió en su día unos extensos terrenos en el paraje de El Roblecillo, en la pedanía de Archivel, y el 19 de noviembre de 2004, apenas tres meses después de la constitución de esta mercantil y solo una semana después de aprobado el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), vio aprobado un convenio con el Consistorio por el que conseguía la reclasificación urbanística de nueve millones de metros cuadrados. Una decisión que le permitía edificar 8.000 viviendas.

Más tarde, la sociedad inmobiliaria Torrevisa, deseosa de entrar en el negocio, adquirió (mayo de 2007) las nuevas participaciones emitidas por Golden Sky. Si en su origen cada acción de esta compañía valía 1.000 euros, las nuevas fueron vendidas con una prima de emisión de 20.572,71 euros por participación, lo que implicó que Torrevisa tuviera que desembolsar 16,3 millones de euros para convertirse en socio.

Ahora, decenas de agentes registran el consistorio de Caravaca de la Cruz en busca de pruebas sobre esa operación urbanística.